El 'caso Falciani' ha relanzado la atención hacia una materia en la que España obtiene la peor nota posible: la protección de 'whistleblowers' o, como lo define Transparencia Internacional, "confidentes de delitos que puedan afectar el interés público".
Según un informe de la ONG Blueprint for Freespeech y del proyecto A Change of Direction (financiado en parte por el Fondo de Seguridad Interno de la Unión Europea) recogido por Vozpópuli, nuestro país obtiene un cero en los nueve parámetros con los que se mide la calidad de la protección a confidentes: disposiciones específicas de protección de denunciantes para los empleados en los sectores público y privado; canales de divulgación: interna, regulatoria, pública; protección contra todo tipo de represalias; mecanismos de protección contra represalias; tipos y mecanismos de alivio; inmunidad de enjuiciamiento por revelar información sensible; sanciones por represalias y otros malos tratos; la existencia de una agencia de denuncias, y de una administración transparente y con disponibilidad de estadísticas.
España, que según denuncia el estudio carece de una ley sobre el asunto, se sitúa a la cola de Europa junto a otros seis países que tampoco suman ningún punto: República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania y Polonia. Los cuatro países que aprueban son Irlanda (6,6), Malta (5,9), Francia (5,1) y Reino Unido (5,1). Estos últimos tienen una ley específica de protección a los confidentes, al igual que Hungría (cuya ley comparte con la del Reino Unido la característica de ser las únicas con más de tres años de antigüedad), Suecia, Italia, Holanda y Eslovaquia.
El caso de España
En su capítulo sobre España, el informe es especialmente duro: "Si bien la extendida corrupción y las fallas sistemáticas del gobierno han contribuido al colapso económico del país durante la crisis financiera y las organizaciones internacionales como la OCDE han insistido a España introducir estrictas protecciones a whistleblowers, la voluntad política de hacerlo sigue siendo débil".
En este punto, atribuye a "los nuevos partidos Ciudadanos y Podemos la defensa en su discurso de los whistleblowers por la presión ejercida por la sociedad civil" pero insiste en que el tema, debatido actualmente en el Congreso, está estancado y existe "poca voluntad política para fortalecerlo". Además, recoge que "como no hay instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil que realicen un seguimiento del número de casos de whistleblower, datos sobre whistleblowing no están públicamente disponibles en España".
Sobre las dificultades que atraviesan los confidentes, el estudio comienza diciendo que "aunque técnicamente todos los españoles están obligados a informar a las autoridades pertinentes sobre actividades delictivas, ellos deben presentarse personalmente para que el caso sea investigado, lo cual es visto como un elemento obstaculizador para el whistleblowing. La falta de mecanismos de protección es vista por muchos como un impedimento para el cumplimiento de esta obligación".
En España, a pesar de recogerse en nuestra legislación la obligación genérica de la denuncia de hechos delictivos, no existe regulación legal alguna de alcance nacional que ampare y ofrezca una protección adecuada a trabajadores, funcionarios o ciudadanos que habiendo tenido conocimiento de un caso de corrupción o de fraude, decidan denunciarlo"
La crítica de Blueprint for Freespeech entronca con lo ya denunciado por Transparencia Internacional: "En España, a pesar de recogerse en nuestra legislación la obligación genérica de la denuncia de hechos delictivos, no existe regulación legal alguna de alcance nacional que ampare y ofrezca una protección adecuada a trabajadores, funcionarios o ciudadanos que habiendo tenido conocimiento de un caso de corrupción o de fraude, decidan denunciarlo. En la actualidad, aún nos encontramos lejos de una legislación adecuada en materia de protección de denunciantes".
Transparencia Internacional además recuerda que el código penal español solo recoge "figuras asimilables en parte" a la del 'whistleblower', como la del 'arrepentido': "El código penal nos indica que esta figura podría aplicarse en los casos en que un imputado o investigado muestre su arrepentimiento colaborando con la justicia, recibiendo como incentivo la reducción o exención de su pena. La figura del arrepentido se diferenciaría de la del whistleblower en la medida en que éste último denuncia el delito sin participación en el mismo, mientras que en el arrepentido existe una participación activa o pasiva en el ilícito".
Dificultades
La falta de protección para los whistleblower en general en España lleva a que estos 'sufran' por delatar delitos, según insiste Blueprint for Freespeech. "Debido a la falta de voluntad política para fortalecer el tema, así como los pocos casos notificados, los whistleblowers pueden quedar atrapados en calumnias y sospechas mediáticas. En el pasado, las personas que denunciaron, enfrentaron por lo general represalias y rechazo, lo que dificultó la promoción de una cultura de denuncia de conductas inapropiadas", insiste el estudio, citando el caso de Ana Garrido, confidente del caso "Gürtel".
"Después de sus informes, Garrido sufrió de acoso laboral en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Aunque el Tribunal Supremo falló en contra del concejo de la ciudad por acoso laboral, Garrido hasta ahora no ha sido capaz de volver a su trabajo y se ha ido de Europa", recuerda la ONG.
