El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, terció este jueves en el debate jurídico acerca del sistema que se sigue a la hora de multar a quienes se saltan el confinamiento. El máximo responsable de los cuerpos policiales defiende que la norma más adecuada es la Ley de Seguridad Ciudadana, tachada despectivamente como 'Ley Mordaza'. Esto choca con el criterio mostrado por la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo.
A principios de este mes, la Abogacía General del Estado mostró su discrepancia sobre la aplicación de esta Ley en un escrito firmado por su máxima responsable Consuelo Castro, nombrada por la exministra de Justicia Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado. El documento era una respuesta para unificar criterios después de las dudas manifestadas por distintas abogacías territoriales respecto al modo de sancionar las conductas.
La tesis de la Abogacía del Estado es que, para multar en virtud del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, no basta con incumplir lo que dice el decreto del estado de alarma, sino que hay que desobedecer expresamente la orden individual de un agente policial. A esa tesis se ha sumado ya algún Juzgado. “¿Cómo que le voy a tener que reiterar?”, replicó Grande-Marlaska durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
“El mandato está en el artículo 7 de un Real Decreto (el del Estado de alarma) que tiene valor de Ley, que es publicado en el BOE. ¿Hay algo más coincido por la ciudadanía?”, se preguntó irónicamente después de hacer alusión precisamente al debate mantenido en el seno de la Abogacía, que apunta a otras posibilidades como la de sancionar a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.
"Hay que generar seguridad jurídica"
“Lo que no podemos es poner en dudas la respuesta. Lo que hay que generar es seguridad jurídica y yo les he dado mi criterio. Hay un mandato publicado en el BOE y todos los días en los medios de comunicación. Si el agente ve a alguien que está en una barbacoa, díganme, ¿qué le dicen?”, insistió Marlaska. Había sido preguntado por esta cuestión por el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu.
Desde el inicio de esta crisis, tanto la Policía y la Guardia Civil como los cuerpos autonómicos y locales se viene apoyando principalmente en la Ley de Seguridad Ciudadana a la hora de imponer las multas. En concreto se basan en el artículo 36.6 de la norma que castiga la desobediencia a la autoridad.
Marlaska admitió que ese artículo se redactó pensando, por ejemplo, en la gente que se niega a identificarse ante los agentes, pero insistió en su postura: “¿Alguien olvida que ese mandato ya está?”. “Yo entiendo y por eso lo digo y me puedo equivocar que es el 36.6”, ha defendido a la hora de opinar sobre el mejor modo de responder a las infracciones.
Admite que no se tramitarán todas
El PSOE criticó con dureza la Ley de Seguridad Ciudadana -aprobada con el impulso del PP en 2015- hasta lograr que se consolidase el nombre de Ley Mordaza. Hoy el ministro no ha obviado esa cuestión en su comparecencia y ha mantenido el compromiso de derogarla, pero más adelante. En cualquier caso, ya ha avanzado que este artículo sobre la desobediencia seguirá vigente en la ley alternativa que se apruebe en el futuro.
En cualquier caso, Grande-Marlaska ha admitido que no todas las denuncias formuladas por las policías llegarán a tramitarse porque el relato que hagan los agentes no sea “correcto”. En este caso las policías redactan el acta de sanción, pero luego son las delegaciones de Gobierno las que fijan la cuantía de las multas. Esa decisión se puede recurrir ante la propia Delegación, luego ante el Ministerio del Interior y en última instancia ante un Juzgado contencioso administrativo. Desde que empezó el confinamiento, los cuerpos policiales han elevado ya más de 700.000 denuncias.
