El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont busca que España se meta un gol en propia puerta en el litigio que se sigue en Alemania en torno a su petición de entrega. El dirigente independentista pretende tumbar la reclamación del Tribunal Supremo por el delito de malversación usando para ello precisamente los argumentos que empleó el alto tribunal para rechazar la existencia de este mismo delito en la causa contra el expresidente Artur Mas por el referéndum del 9N de 2014.
En aquel contencioso, la acusación popular ejercida por el Sindicato Profesional de la Policía y el Sindicato Manos Limpias solicitaron por el delito de malversación seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el expresidente Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau. Pero tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se opusieron a esta consideración. Así lo plasmó hace dos años el tribunal en el auto que procesaba a los acusados sólo por los delitos de desobediencia y prevaricación.
El Supremo alegaba que “al aprobarse las partidas y contratarse con terceros no constaba la suspensión del Tribunal Constitucional y por tanto en todos los supuestos de los fondos empleados aún no se había decretado la suspensión que fue posterior y, por ende, no puede tipificarse la desviación de fondos públicos a fines no autorizados”. Este es el argumento que los abogados de Puigdemont han presentado ya ante el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que estudia la entrega del expresidente.
El debate sobre la malversación
Según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas, los jueces alemanes cuentan con una versión traducida del auto emitido por el Supremo el 13 de octubre de 2016 por el que mandaba a los acusados a juicio eximiéndoles de la malversación. Añadía que incluso los pagos que se realizaron después de la suspensión tampoco eran punibles dado que habían sido comprometidos antes. Estas consideraciones contaron entonces con el respaldo de la Fiscalía, también implicada en la entrega del político por malversación y rebelión.
De este modo, Puigdemont trata de presentar posibles contradicciones de la justicia española entre un caso y otro. Ya hace semanas, los abogados del expresidente también alegaron ante el tribunal las declaraciones del ministro de Hacienda en funciones Cristóbal Montoro al diario El Mundo en el que aseguraba que el referéndum ilegal no se había pagado con fondos públicos. El propio Puigdemont, en su primera declaración ante el juez tras su arresto en Alemania dijo que todo lo destinado a sufragar el 1-O partió de fondos privados.
Opinión distinta tiene la Guardia Civil, que en su último informe remitido al Tribunal Supremo, eleva el coste de la malversación hasta los 3,2 millones de euros. Además el informe, al que ha tenido acceso este periódico, entra en el debate sobre dónde empieza a contar el delito de malversación. El Instituto Armado pone el punto de partida en diciembre del año 2015 cuando el Tribunal Constitucional anuló la declaración con la que el Parlament proclamó el inicio del proceso hacia un Estado independiente y no en la suspensión de la ley del referéndum, dictada en septiembre de 2017.
