Los Mossos d'Esquadra hicieron un informe días después de la consulta del 1-O en el que culpan de la descoordinación policial de ese día a una aplicación informática impuesta por el Ministerio del Interior llamada Gestor de Eventos. Esa es la herramienta que, según el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, implantó el coronel Diego Pérez de los Cobos para que todos los cuerpos policiales fuesen introduciendo los incidentes en los colegios electorales y de ese modo tener conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando. Pero a la hora de la verdad, el programa resultó ser un desastre, según sostiene el documento de la policía autonómica.
"El aplicativo informático no funcionó correctamente", presentaba "diversos problemas" que impidieron incluir la información. Una vez introducida, tan sólo se podía leer en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid. En definitiva, presentaba "dificultades evidentes" que "condicionaron su efectividad". Estas son algunas de las justificaciones que incluye el informe de 32 folios remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fue enviado en castellano y en catalán, acompañado de decenas de páginas de anexos donde se detallan las actuaciones llevadas a cabo por el cuerpo autonómico ese día.
En un primer momento, los Mossos d'Esquadra propusieron establecer órganos conjuntos en los centros de coordinación (CECOR) de la policía catalana. Su idea era que hubiese presencia de los tres cuerpos en los centros de cada una de las nueve regiones policiales en las que los Mossos estructuran Cataluña. También se pensó establecer una delegación en el cuartel general de la policía autonómica en Sabadell para contar con una "visión global". Pero Diego Pérez de los Cobos no aceptó esta estrategia, según relata el informe.
"Células de seguimiento"
En su lugar, el coordinador designado por la Fiscalía y el TSJC optó por dirigir el seguimiento de la jornada desde instalaciones estatales. Decidió establecer "células de seguimiento" en las cuatro sedes con las que cuenta la Delegación de Gobierno en sendas provincias catalanas. Por cada célula había un representante de los Mossos, otro de Policía, uno de Guardia Civil y alguien de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En ese punto es donde Pérez de los Cobos -siempre según la versión de los Mossos- "informó de la necesidad de utilizar un aplicativo informático de nombre Gestor de Eventos para traspasar los datos relativos a actuaciones policiales e incidencias a estas células". La Policía autonómica dice que para instalar esta herramienta desde su sede central tuvo que pedir "licencias".
Este informe fue elaborado por los Mossos cuando aún estaban bajo la dirección de Josep Lluis Trapero, actualmente investigado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición. Este lunes, la jueza Carmen Lamela le volvió a citar en calidad de imputado por un presunto nuevo delito de la misma naturaleza derivado de su papel el 1-O (hasta ahora sólo estaba investigado por los hechos del 20-S). Se produce apenas unos días después de la declaración como testigo del propio Pérez de los Cobos que, al igual que en el Tribunal Supremo, culpó al exjefe de los Mossos de facilitar el referéndum ilegal.
Críticas a la aplicación
Denuncia el documento que la herramienta ya presentaba "evidentes dificultades" en los simulacros que se hicieron los días previos a la consulta porque "las incidencias se tenían que enviar una a una introduciendo cada vez el nombre del local de votación y su dirección". Esto "hacia muy lenta su introducción, y dificultaba de manera muy severa su utilización, dado que se esperaba que aquel día se tendrían que informar miles de incidencias". Los Mossos defienden que solicitaron "la pre-carga de todos los centros de votación", pero su petición no fue atendida.
El mismo día de la consulta comprobaron que el sistema Gestor de Eventos impuesto por el Ministerio del Interior presentaba una segunda "disfunción": "Consistía en que la información que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra iba volcando no llegaba a estas sedes (de la Delegación de Gobierno), sino que llegaba directamente a las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid".
Por ello el comisario jefe de Coordinación Territorial de los Mossos se puso en contacto con Pérez de los Cobos para pedirle que "se habilitara a las células de seguimiento a tener acceso". "La respuesta a esta petición fue que, efectivamente, esta información sólo llegaba a Madrid y que no era posible tener acceso desde ningún otro lugar", dice el informe, según el cual, las cuatro sedes de Delegación del Gobierno tampoco pudieron incluir incidencias en el Gestor de Eventos "por diversos problemas".
3.900 incidencias anotadas
El informe remitido por Trapero describe una situación caótica. A pesar de ello, los Mossos aseguran que siguieron apuntando incidentes en la aplicación. El primero lo registraron a las 7.00 horas y el último a las 19.35. "Al final de la jornada había grabadas por parte de este Cuerpo más de 3.900 incidencias, dado que en muchos centros de votación se había cargado más de una información durante la jornada", explican.
Pérez de los Cobos se refirió a este documento en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Pero para aclarar que él nunca lo había recibido. Según explicó, cuando él encargó a los Mossos un informe de su actuación para mandarlo al TSJC, la policía autonómica le remitió una versión distinta a la que luego remitieron por su cuenta. En ese segundo informe al que también tuvo acceso este periódico, Trapero reconocía que los Mossos solicitaron la ayuda de la Policía y la Guardia Civil para intervenir en los colegios. Eso contradice la versión de la Generalitat, que acusó a las fuerzas de seguridad del Estado de actuar por su cuenta.
En el informe, Trapero evita reconocer al coordinador de la Guardia Civil, designado por la Justicia, como un mando sobre el resto de cuerpos. En su lugar dice que su función era tan solo de "apoyo y asesoramiento". Alega que el dispositivo se planificó contando con que los participantes en el referéndum llevarían a cabo una "resistencia pasiva". Según dice, esa fue la información con la que trabajaron en las reuniones de coordinación previas entre los distintos cuerpos y que esa impresión de lo que iba a pasar era "unánime". Luego la realidad fue distinta a juzgar por el contenido de informes policiales posteriores que otorgan un papel relevante a los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR), quienes desempeñaron actitud organizada y violenta contra los agentes.
Trapero dice también que los Mossos tenían que llevar la iniciativa del despliegue por tener "un mayor conocimiento del entorno social". Además da a entender que desde el Ministerio del Interior sabían previamente que iban a mandar sólo dos agentes por colegio ya que otra cosa "habría requerido un número de policías totalmente inaccesible". En su declaración ante el Tribunal Supremo, el mando único Diego Pérez de lo Cobos aseguró desconocer el detalle del despliegue previsto por los Mossos y dijo que no fue hasta el mismo 1-O cuando se percató de que el dispositivo era una "estafa" con el fin de facilitar el referéndum.
