Los magistrados del Tribunal Supremo que dieron su visto bueno a la exhumación de Francisco Franco han acordado este jueves levantar las suspensiones cautelares que impedían llevar a cabo el traslado de los restos del cuerpo del dictador, según han informado a Vozpópuli fuentes del tribunal.
En concreto, los magistrados han rechazado, en el mismo sentido que el presentado por la familia del dictador, los recursos planteados ante el Tribunal Supremo por la Fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
De esta forma, el Alto Tribunal elimina uno de los últimos impedimentos para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda cumplir su promesa de trasladar el cuerpo del dictador al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en el que también se encuentran los restos mortuorios de Carmen Polo, la mujer de Franco.
Carmen Polo
Sin embargo, el juez José Yusty Bastarreche sigue sin levantar las medidas cautelares contra la decisión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de otorgar una licencia de obras para mover la lápida situada en el Valle de los Caídos.
Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el dispositivo para la exhumación y traslado de los restos de Franco "se harán como deben hacerse, sin ningún tipo de espectáculo y con toda la seguridad", informa Europa Press.
En declaraciones a los periodistas sobre las últimas decisiones judiciales, ha recordado que "el Tribunal Supremo ya ha resuelto". "Estamos en un Estado de Derecho donde hay instrumentos plurales, pero una vez que se ha pronunciado, y se ha pronunciado definitivamente e incluso ha aclarado sus resoluciones previas, lo que corresponde a todo ciudadano en un Estado de derecho es acatar la resolución del tribunal y ejecutarla", ha subrayado.
Una ejecución cuya fecha no se ha desvelado, ni si será anunciado por el Consejo de Ministros de este viernes. En este sentido, el ministro ha precisado que "lo que se tenga que anunciar se anunciará".
Al Constitucional
Precisamente este jueves, la familia Franco ha anunciado su intención de presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo en el que pide como medida cautelarísima que paralice la exhumación de los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el representante legal de los nietos de Franco ha elaborado un escrito de 120 páginas en el que solicita que se suspenda con carácter inmediato la sentencia del Tribunal Supremo que avala sacar los restos del dictador para llevarlos al cementerio madrileño de El Pardo Mingorrubio.
Este paso supone que el tribunal de garantías deberá pronunciarse la próxima semana sobre si acepta o no la cautelarísima, lo que implica que mientras se resuelve esta cuestión urgente, el Gobierno no puede exhumar aun los restos de Francisco Franco.
La cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en supuestos muy extremos, de manera que suele ser poco probable que el Constitucional la acuerde, explican a Efe otras fuentes jurídicas.
Recurso de amparo
Así, la intención del tribunal de garantías es resolver sobre esta petición urgente de los Franco la próxima semana y si no se adopta esta medida, el Ejecutivo tendrá ya vía libre para ejecutar la sentencia del Supremo y exhumar a Franco independientemente de si el Constitucional admite o no después el recurso de amparo.
A la espera de la presentación del recurso, los Franco alegan ante el tribunal de garantías que el Supremo ha vulnerado varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
En concreto, el artículo 14 que dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El 16 que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y habla de que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, que es precisamente uno de los problemas actuales tras la negativa del prior a autorizar al Gobierno el acceso a la basílica.
También consideran que se ha violado el artículo 18 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar así como el 24 sobre el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales
