La UDEF de la Policía Nacional tiene en su poder horas de grabaciones telefónicas mantenidas entre los principales implicados en la trama 'Enredadera', desarticulada esta semana en puntos de toda España, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación.
La evidencias cosechadas en los audios han sido determinantes para que el Juzgado de Instrucción número dos de Badalona autorizase a los agentes y a la Fiscalía Anticorrupción a realizar las decenas de registros en numerosos ayuntamientos, domicilios, despachos profesionales y sedes de la Policía Local. En estos trabajos también participaron funcionarios adscritos a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de la Agencia Tributaria.
Uno de los protagonistas de esas conversaciones intervenidas es el empresario José Luis Ulibarri, detenido este martes e implicado en su día en la trama Gürtel por la relación de sus empresas y la red de Francisco Correa. Este hombre, con negocios en los medios de comunicación, vuelve a estar bajo el foco de la Policía en el marco de este entramado investigado por el pago de comisiones y regalos a cambio de contratos públicos principalmente en el sector de lo que se denomina como pacificación del tráfico y que afecta, no sólo a semáforos, sino también a radares o gestión de multas, entre otros servicios.
Esta madrugada, el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido una escueta nota de prensa para comunicar que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha finalizado a las 3:00 las comparecencias iniciadas sobre las 19:00 de ayer para tomar declaración a cinco detenidos. "El magistrado ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, uno de los cuales es un importante empresario de Castilla y León ya procesado en otra causa por corrupción", dice la nota en referencia a Ulibarri.
Otros investigados
En las conversaciones también aparecen otros investigados como Ángel Luis García Martín y Juan José Simón Callejo, trabajadores del Grupo Agema Ingenieria y Servicios, mercantil con sede en Madrid y en Mansilla de las Mulas (León). También figura Miguel Hernán Manovel García, vinculado a las empresas propiedad de Ulibarri. Otro de los investigados al que le intervinieron las comunicaciones con orden judicial es Gerardo Feijóo Feijóo, responsable de Vehículos Equipamientos y Carrocerías Prieto Puga SL. (VEICAR), con sede en La Coruña.
En ocasiones, lo único que tenía la Policía para tirar del hilo a través de las escuchas era un número de teléfono. Eso sucedió en la actuación llevada a cabo en Lleida. El Juzgado autorizó a los agentes a acudir al Ayuntamiento o a la sede de la Policía Local para identificar a una persona llamada “Albert” de la que no tenían más referencia que su línea de teléfono (607XXX531). Por las escuchas sospechaban que trabajaba en uno de esos dos lugares. El Juzgado ordenaba a la UDEF a que, una vez identificado, se procediese a registrar su despacho.
Desde el año 2010
Las mismas fuentes consultadas indican que si bien estas pesquisas arrancaron en el año 2016, la UDEF investiga las actividades de esta trama desde el año 2010. Ese el punto de partida que se han marcado los investigadores a la hora de recabar documentación en los registros. Durante la maratoniana jornada de este martes los agentes se llevaron documentos con los pliegos usados en los procesos de contratación, anotaciones contables, documentación bancaria en la que se revisarán las transferencias realizadas entre los investigados así como posibles evidencias de regalos realizados a alcaldes, responsables municipales o técnicos de ayuntamientos.
La UDEF sospecha que las empresas investigadas -principalmente Gespol- se introducían en los ayuntamientos haciendo trabajos sin contrato y después esos servicios se formalizaban a través de un proceso fraudulento de licitación. También se buscan evidencias de la celebración de ferias y congresos sobre la pacificación del tráfico o servicios de gestión de las policías locales que en realidad servían para ocultar pagos a funcionarios municipales a cambio de hacer de intermediarios en los procesos de licitación.
La Policía Nacional también tiene pruebas que le llevan a concluir que la trama desarticulada utilizaba el sello y la imagen de FESVIAL para generar una ventaja competitiva sobre el resto de licitadores y forzaban a que se tuviera en cuenta en los pliegos como criterio de solvencia. FESVIAL son las siglas de la Fundación Española para la Seguridad Vial, que se define como “una entidad independiente, que se ha creado como una gran obra social, con el objeto de prevenir los accidentes de tráfico”. Cuenta con un patronato compuesto por Administraciones Públicas, Empresas privadas, Sindicatos y Patronales.
