En la actualdiad hay abierta dentro del Consejo de Ministros una disputa aun inacabada sobre la conveniencia de subir de nuevo el IVA, a la vista del desplome sufrido por la recaudación tributaria. Los Presupuestos estatales vigentes prevén un aumento de los ingresos del 6% y las cifras conocidas a junio superan por poco el 1%. La vicepresidenta Elena Salgado encabeza la defensa de esta nueva subida del impuesto, mientras que la principal resistencia proviene del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para el que es prioritario no introducir nuevas distorsiones en la campaña electoral después del contencioso que mantuvo con el presidente Zapatero vinculado a la reciente reforma constitucional.
La agonía del ciclo político, acelerada por el anuncio del anticipo electoral y la posterior disolución de las Cortes en septiembre, ha agravado la falta de cohesión interna en el Gabinete como pudo constatarse recientemente a raíz del debate suscitado en el Ejecutivo por la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, asunto en el que chocó el criterio de Rubalcaba, respaldado por la mayoría del Consejo de Ministros, y el del titular de Industria, Miguel Sebastián, que finalmente quedó en minoría en su oposición a restaurar este tributo.
Además, Sebastián hizo un gesto el pasado julio que no gustó nada al Grupo Parlamentario Socialista ni al resto del Gobierno. Durante el pulso que mantuvo con el presidente de REE, Luis Atienza, a cuenta de la reforma de la ley Eléctrica, amagó con dimitir si finalmente no se daba paso a la segregación de esta compañía, objetivo que no llegó a ver cumplido por dos razones: la disolución de las Cortes, formalizada el pasado día 27 de septiembre, y el triunfo de las posiciones defendidas por un sector del Gobierno encabezado ya desde el Partido Socialista por Alfredo Pérez Rubalcaba. La vicepresidenta Elena Salgado evitó entrar en este debate, según las fuentes informantes.
El final de la legislatura hizo que decayera el proyecto de reforma de la ley Eléctrica en el que se transponía la directiva comunitaria sobre el mercado común de la electricidad. En dicho anteproyecto fue donde Sebastián intentó introducir con calzador la división de Red Eléctrica en dos compañías, una centrada en la gestión del sistema y otra en el transporte de alta tensión, rompiendo así el modelo tradicional defendido por Atienza y la vieja guardia del PSOE ligada al sector. Sebastián perdió este pulso que libró a favor de las eléctricas al ser eliminada la partición de REE en el proyecto de ley que finalmente no llegó a tramitarse en su totalidad por la disolución de las Cámaras. El amago de dimisión sentó muy mal en el Grupo Socialista, donde se acusó al ministro de deslealtad hacia su amigo Zapatero en un momento de máxima debilidad de su Gabinete y de su proyecto político. Solo el presidente y el propio Sebastián conocen si realmente éste llegó a poner sobre la mesa del primero la dimisión.
Desde entonces, las relaciones entre el titular de Industria y Alfredo Pérez Rubalcaba se han deteriorado tanto que son casi inexistentes. El ministro de Industria fue uno de los primeros en filtrar su renuncia a ir en las listas del PSOE encabezadas por el ex vicepresidente primero. En realidad, Sebastián solo mantiene en estos momentos una relación fluida con Zapatero y con los titulares de Fomento y Sanidad, José Blanco y Leire Pajín, respectivamente.
Por otra parte, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, es una pieza suelta dentro del Gabinete y su coordinación con la vicepresidenta económica deja mucho que desear pese a los intentos de mediación de Rubalcaba. Gómez, que será incluido por este último en la candidatura de Madrid, ha colaborado en la redacción de la oferta electoral en el área de empleo y mantiene pese a la reforma laboral una buena relación con los sindicatos, al contrario que Salgado.
Las tensiones alcanzan también al área más política del Gobierno y del PSOE. A pesar de las apariencias, Rubalcaba se ha distanciado de su sucesor en Interior, Antonio Camacho, con quien discrepa del calendario marcado para el final de ETA. Según fuentes bien informadas, Camacho quiere precipitar el proceso de desaparición de la banda, mientras que Rubalcaba alberga el temor de que las prisas lleven a cometer errores que no hagan más que alimentar la futura presencia de Bildu en el Congreso de los Diputados.
