¿Juego de trileros para disfrazar el déficit? A algo parecido se parece la decisión tomada este jueves por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de trasladar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), es decir a la banca, las pérdidas que acumule el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuando se deshaga de entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La vicepresidenta Elena Salgado justificó este paso a partir de dos objetivos. El primero, más comprensible, que las correspondientes minusvalías derivadas de estas operaciones no disparen el déficit. El segundo, más cuestionable en sus efectos, evitar que los contribuyentes paguen los platos rotos.
En el Gobierno ya es un secreto a voces que hay serias dificultades para cumplir con el 6% de déficit comprometido para este año con Bruselas, a partir, sobre todo, de las cuentas que reflejan algunas comunidades autónomas, de la fuerte caída de los ingresos y del traspiés provocado por la suspensión de la salida a Bolsa de Loterías. El riesgo de que las minusvalías derivadas de la recapitalización de ciertas entidades alimentara todavía más el desfase presupuestario era evidente y Economía ha decidido frenarlo.
La decisión anunciada por Salgado acentúa la impresión, ya anticipada por el gobernador del Banco de España, de que el Estado cuenta con escasas posibilidades de recuperar el capital de 2.800 millones de euros desembolsado en la CAM, peligro similar que corre también con los recursos inyectados en Unnim, NovacaixaGalicia y CatalunyaCaixa hasta contabilizar 7.543 millones. Las minusvalías procedentes de la futura colocación de estas entidades se cargarán sobre el FGD, dotado con 6.593 millones de euros procedentes de los tres fondos que dependían de la propia banca, de las cajas de ahorro y de las cooperativas de crédito. Todos ellos quedan unificados. Salgado no descarta la ampliación de este capital, que se alimenta todos los años con 850 millones nuevos aportados por las diferentes entidades.
A Salgado no le preocupa la reacción de la AEB ante una transacción que supone repercutir sobre la banca la mala gestión de algunas cajas. En su opinión, no debe tenerse una “idea patrimonialista” del Fondo ya que éste no figura en el balance de los bancos y, además, la reforma del sector financiero tiene “carácter sistémico”.
El Gobierno ha dado a entender que cuenta con la cobertura del PP para encarar esta reforma. La canalizará a través de un real decreto que necesitará la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso. A cambio, el PP ha obtenido como contrapartida la disposición del Ejecutivo socialista a abrir la puerta desde este momento a futuras recapitalizaciones de la banca española a través de los mecanismos que se arbitren en Bruselas. De esta forma, el Ejecutivo que tome posesión en vísperas de Nochebuena podrá contar con recursos añadidos en el supuesto de que la salud de alguna entidad financiera de alguna sorpresa negativa. Elena Salgado ha prometido la “máxima colaboración” con las decisiones que se adopten a nivel europeo. En realidad, el proceso de reestructuración de las cajas no finalizará hasta que el FROB salga de su capital, plazo que puede prolongarse hasta cinco años.
Salgado expresó también su apoyo al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En su opinión, “es una irresponsabilidad cuestionar al supervisor del sistema financiero”, en alusión a los ataques que está sufriendo estos días por parte del PP.