Según los cálculos de algunas instituciones de primera línea a las que ha tenido acceso Vozpópuli, las estimaciones iniciales sobre el volumen de recapitalización entre los principales bancos europeos oscilarían entre 150.000 y 230.000 millones de euros según distintos escenarios más o menos benignos, lo que representa un déficit como porcentaje de su capitalización de mercado entre el 15% y el 23%.
De esa cuantía, los 28 más grandes necesitarían entre 60.000 y 110.000 millones de euros. Por ejemplo, Deutsche Bank necesitaría entre 9.000 y 11.000 millones de euros, Commerzbank entre 6.000 y 7.000, Societe Generale entre 6.000 y 8.000, BNP Paribas entre 3.000 y 7.000, Credit Agricole entre 5.000 y 7.000, Unicrédito entre 8.000 y 13.000, Barclays entre 5.000 y 7.000, Lloyds entre 2.000 y 9.000, BBVA entre 1.000 y 3.000, y Santander entre 0 y 6.000 millones. Por el contrario, los bancos nórdicos apenas necesitarían recapitalizarse.
El fuerte deterioro de las expectativas económicas globales, consecuencia del fracaso de las políticas económicas impuestas por la ortodoxia económica dominante (política fiscal restrictiva, política monetaria expansiva, y ajustes salariales) está detrás de los fuertes descensos de los precios de los activos financieros con riesgo (bolsas, bonos corporativos, y materias primas). Aunque la deuda soberana de países como Alemania, Austria, Suiza o Estados Unidos ha servido de activo refugio, se ha producido una ampliación de los diferenciales de países periféricos como Portugal, España e Italia frente Alemania, llevando a niveles insostenibles los tipos de interés de deuda soberana de Grecia, donde se prevé una quita en la deuda soberana entre el 60% y 70% con una probabilidad del 100%.
En este contexto, se está produciendo un fuerte descenso en los precios de las acciones de bancos europeos al surgir de nuevo dudas sobre la solvencia de los bancos europeos. Como consecuencia de una menor capitalización bursátil, por un menor valor de sus activos, muchos de ellos necesitan recapitalizarse. Y aquí surge la primera paradoja: desde el mismo mercado que ha vendido masivamente acciones bancarias se pide una recapitalización pública de las mismas para que los bancos puedan refinanciarse sin tensiones en el mercado interbancario. Ello es llamativo: surgen dudas sobre su solvencia, y para evitar que tengan problemas de liquidez se pide a los Estados, es decir, a los contribuyentes que recapitalicen de nuevo a esos bancos sin garantizar, otra vez, y ya van muchas, su solvencia.
Para ello se propone desde los mercados y medios anglosajones una especie de EURO-Tarp que replique la recapitalización que se implementó en Estados Unidos bajo el programa TARP (The Troubled Assets Relief Program), que inicialmente se diseñó para comprar activos tóxicos, y que acabo destinándose para recapitalizar los grandes bancos estadounidenses.
Es interesante observar como algunos bancos están siendo valorados por el mercado como opciones financieras, asumiendo una probabilidad de default. La recapitalización, se piensa por parte del mercado, permitirá reducir la probabilidad de default, desapalancarse, y reducir los CDS de deuda senior (que miden el riesgo de impago) de niveles promedio de 340 puntos básicos a 260.
Sin embargo, desde el mismo mercado se asume que si no hay una limpieza del balance de los bancos, y una solución a la crisis de deuda soberana, el efecto de la recapitalización será limitado.
De nuevo aparece el origen del problema, que sigue sin solucionarse. Después de la ingente cantidad de dinero destinada a recapitalizar, avalar, o comprar activos tóxicos, la situación sigue igual, y el sistema financiero occidental no ha sido capaz de garantizar su solvencia. El problema de Occidente, en general, es el brutal sobrendeudamiento privado y público, cuya solución que forzosamente pasaría por una reducción del tamaño del sector bancario, obligando a que la mayor parte del coste del ajuste del sistema financiero global recaiga sobre los acreedores, siguiendo la experiencia del rescate sueco de 1992 o la experiencia islandesa 2008, donde se nacionalizó temporalmente lo insolvente.
Como consecuencia del reconocimiento del menor valor del activo del sistema bancario, y su ajuste en el pasivo a través de los acreedores, se produciría una reducción de la deuda privada y pública mediante quitas de deuda para familias y empresas.