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El grifo de la financiación y del crédito bancario a los distintos sectores no financieros privados de la economía española no sólo no continúa cerrado, sino que desde febrero de 2011 sufre un nuevo deterioro. Desde marzo de 2011 la tasa de variación interanual de la financiación a sectores no financieros privados vuelve a entrar de nuevo en tasas negativas, alcanzando en el mes de agosto un nuevo mínimo histórico. La razón fundamental de esta nueva contracción en la financiación a los sectores privados es la aceleración en la restricción del crédito. Una situación que estrangula a las familias y a las empresas, alejándoles del consumo y que sitúa a nuestra economía en una posición viciada. 

La ausencia de canales de financiación, básicamente el crédito, se agudiza desde el pasado verano, cuando  asistimos a una fuerte revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento económico global, tanto en los países occidentales, como en las principales economías emergentes.  En este escenario económico  se produce una fuerte caída en el precio de las acciones bancarias, que de nuevo necesitan recapitalizarse, buscar líneas de financiación alternativas al interbancario, y, que por lo tanto, aún cierran más el crédito. Se produce un efecto de retroalimentación vicioso: menos crecimiento económico, más restricción crediticia, menos actividad, y así sucesivamente.

Si se analiza por sectores privados, se observa cómo la financiación a empresas financieras entra de nuevo en mayo de 2011 en tasas de variación negativas, registrando el último dato, el de agosto, un descenso de -1,1%, frente a mínimos de -2,1% en marzo de 2010. En el origen de la financiación destaca la fuerte desaceleración de la más relevante, la crediticia, cuyas tasas de variación interanuales descienden en agosto de 2011 -3,4%. Por el contrario, las otras dos fuentes de financiación, colocación en los mercados de capitales de valores distintos de acciones y préstamos del exterior, continúan con tasas de variación interanual positivas, un 7,4% y 3,5% respectivamente.

La financiación a familias, básicamente crediticia, presenta tasas de variación negativas desde enero de 2011, situándose en agosto en mínimos históricos, -2,0%.  Por componentes tanto préstamos a la vivienda, como  préstamos al consumo, ofrecen en agosto mínimos históricos, de -1,1%, y -5,0%.

La culpa, de los bancos
Detrás de esta nueva restricción crediticia de la economía española se encuentra la situación de nuestro sistema financiero, y la necesidad de una vez por todas de garantizar su solvencia. En el diseño de casi todos rescates bancarios a los que que venimos asistiendo desde 2008, diversos economistas consideran que se han producido errores de concepción macroeconómica.  

El origen de la crisis actual no es que los bancos no presten, sino el sobreendeudamiento insostenible de la economía de USA, Reino Unido o España. Como consecuencia de ese sobreendeudamiento, las familias disminuyen su consumo, y las empresas reducen sus proyectos de inversión, lo  que implica una fuerte contracción económica, que aumenta los fallidos y la mora. Por lo tanto, los bancos no prestan porque tengan activos tóxicos, ya que han decidido dejar de prestar a quienes no les van a devolver. Además, habrá nuevas provisiones de sus viejos préstamos, lo que implicará futuras pérdidas que recortarán más su capital.

Los activos tóxicos lo son no por un problema de liquidez o de no entender lo que valen, sino por que valen mucho menos de lo que dicen los bancos en su balance. El precio correcto de las casas es el actual y no los de la burbuja previa, y dichos precios aún no han revertido del todo. En realidad, los bancos no quieren asumir semejantes pérdidas y con este esquema quieren que se las subsidie el contribuyente.  Si el problema es de sobreendeudamiento y (reversión a la media de la tasa de ahorro), por mucho que saquemos los activos tóxicos fuera de balance, los bancos seguirán sin prestar.

Todos estos errores se resumen en uno: la carga real de la acumulación de deuda del Estado que implican los rescates, al ser financiados por los contribuyentes y no por los acreedores privados, tendrá que ser devaluada a través de la inflación, o implicará unos reclamos tan onerosos, que afectará a la producción e inversión en capital futura del país.