En un informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores alimentarios, el organismo plantea estas recomendaciones de eliminación de barreras normativas, entre otras, para minimizar los riesgos del aumento del poder de negociación y de determinadas prácticas del sector de la distribución comercial.

En concreto, la CNC advierte de que el "notable" aumento del poder de negociación de los operadores de distribución frente a sus proveedores puede tener un "efecto negativo" sobre la competencia en el medio y largo plazo y contribuir a ralentizar el ritmo de innovación en la industria alimentaria.

En el informe, atribuye este mayor poder de negociación, entre otros factores, al aumento de la concentración en el sector, donde los cuatro primeros operadores representan el 60% del mercado, y a la tendencia creciente de la cuota de mercado de la marca blanca, que ha pasado del 22% en 2003 al 34% en 2009.

De este modo, la gran distribución ha aumentado también su "capacidad e incentivos" para utilizar frecuentemente determinadas prácticas comerciales mediante las que, además de obtener condiciones de aprovisionamiento "inalcanzables" para sus competidores, favorecen el desarrollo de su marca propia, lo que refuerza progresivamente su poder en el mercado, según pone de manifiesto el informe.

PRÁCTICAS PROBLEMÁTICAS
Entre esas prácticas, Competencia advierte de los riesgos de los pagos comerciales determinados "unilateralmente" por el distribuidor; la no fijación por escrito de las condiciones contractuales que rigen la relación comercial; la "excesiva" antelación con la que los distribuidores solicitan información a los proveedores sobre los nuevos productos; las cláusulas de cliente más favorecido, y la exigencia de información comercial sensible a los proveedores sobre sus relaciones con terceros distribuidores.

El informe pone de manifiesto que, además del crecimiento de la marca de la distribución a costa de segundas y terceras marcas, la competencia 'intramarca' podría estar debilitándose en España y el ritmo de innovación en la industria alimentaria "parece haberse ralentizado en los últimos años".

El organismo que preside Luis Berenguer considera que en el corto plazo el mayor poder de compra de la distribución puede tener un impacto positivo en el bienestar, siempre y cuando exista un nivel competencia suficiente entre distribuidores y éstos trasladen total o parcialmente a los precios finales los descuentos obtenidos en sus costes de aprovisionamiento mediante su mayor poder de compra.

RALENTIZACIÓN DE LA COMPETENCIA.
A este respecto, Competencia advierte de que existen determinados indicios de que la competencia que ha habido en los últimos años entre distribuidores en España "puede estar ralentizándose".

En relación con los riesgos a largo plazo, sostiene que aunque inicialmente la marca de la distribución puede espolear la inversión en innovación de los fabricantes de primeras marcas para diferenciar sus productos, en el futuro el mayor poder de compra de los distribuidores podría reducir los márgenes de los proveedores y su disponibilidad de recursos para innovar.

Para minimizar estos riesgos, el organismo aboga por eliminar las restricciones a la competencia en la distribución minorista, mediante la eliminación de la facultad de las comunidades autónomas de condicionar la apertura de establecimientos comerciales a una autorización previa y la exigencia a los gobiernos autonómicos a que realicen una transposición "correcta y adecuada" de la directiva de servicios.

CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA.
También pide liberalizar "plenamente" los horarios comerciales y la apertura en domingos y festivos, así como eliminar de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista la limitación de los periodos de rebajas y la prohibición de la venta a pérdida, al sostener que los supuestos en que ésta última puede resultar nociva ya son objeto de prohibición en la Ley de Defensa de la Competencia.

Igualmente apuesta por el seguimiento y vigilancia de "abusos" en determinadas prácticas comerciales y, para ello, recomienda establecer mecanismos que faciliten las posibilidades de denunciar, con un mínimo riesgo de represalias contra el denunciante. Por contra, considera que se debe evitar la proliferación de regímenes regulatorios o códigos de conducta de las prácticas comerciales.