Las famosas veguerías catalanas responden a una fórmula ensayada en Galicia, Andalucía y buena parte de las comunidades autónomas que han decidido superar el ámbito provincial para que sus ayuntamientos mancomunen servicios y los presten de forma más eficiente. Hasta aquí, la teoría. En la práctica, estas mancomunidades de ayuntamientos, 1.054 repartidas por toda la geografía española, han copiado el esquema de funcionamiento de las diputaciones, de ahí que tengan presidentes, diputados, directores de área y miles de empleados a su cargo, con un presupuesto global que supera en estos momentos los 2.000 millones de euros.

El PP tiene decidido eliminar estas mancomunidades y sustituirlas por agrupaciones de servicios como la que acaba de nacer en Madrid entre los ayuntamientos de Villanueva de Perales, Brunete, Sevilla la Nueva y Quijorna, gobernados por diferentes partidos. Estas agrupaciones compartirán instalaciones deportivas y culturales, en un principio, para ampliar con posterioridad el catálogo de servicios comunes sin necesidad de contar con una maquinaria burocrática costosa e ineficaz.

La falta de recursos económicos y el amparo que presta la Constitución a los ayuntamientos y a las diputaciones, impedirá al PP ir mucho más allá en la reforma de las administraciones públicas. En todo caso, promoverá una ley de unidad de mercado que sirva de paraguas para armonizar las 17 legislaciones a las que se enfrentan los empresarios, unificará las leyes para agilizar la creación de sociedades, elaborará una cartera de servicios públicos básicos en sanidad, educación y políticas sociales y clarificará las competencias que incumben a las distintas administraciones.

Reducción de empresas públicas
A través de un procedimiento negociado con comunidades autónomas y ayuntamientos y valiéndose de la ventaja que aporta el control de la mayoría de estas instituciones, el PP ha colocado también en el punto de mira a las 4.000 empresas públicas que cuelgan de las tres administraciones. De ellas, 1.970 dependen de la administración central y otras tantas de la autonómica. Durante los dos gobiernos presididos por Zapatero han crecido un 40%.

En el PP se acentúa la opacidad con la que actúan muchas de estas empresas a la hora de salvar los controles que dependen del Parlamento y del Tribunal de Cuentas. En realidad, en España conviven 17 grupos empresariales públicos en forma de consorcio o sociedades mercantiles, enjambre en el que se llevan la palma Cataluña, Andalucía, Baleares, Galicia y la comunidad valenciana. En muchos casos, la proliferación de estas sociedades ha buscado eludir la contabilidad nacional y acceder a la financiación de los mercados bajo fórmulas que no computan como déficit público.

La deuda en circulación de estas empresas públicas supera los 13.000 millones de euros en números redondos.