El líder de la oposición ha dicho esta mañana durante una reunión organizada en Valladolid con el Instituto de Empresa Familiar que no alcanza a entender como una deuda que no ha tenido un solo problema desde mediados del siglo XIX pueda salir estigmatizada de la importante cumbre comunitaria que se celebra mañana en Bruselas. Se trata, ha dicho, de una deuda emitida por el Estado de un país cumplidor. “Toda rebaja de su valoración o tratamiento diferenciado, supone situarnos en un lugar que no nos merecemos”.
El líder del PP ha recordado que el sistema bancario español no tiene los mismos problemas que tienen otros porque no ha invertido de forma poco responsable en deuda soberana o activos tóxicos estructurados. “Tiene otro tipo de problemas, pero no tiene sentido que se le obligue a capitalizarse por problemas que no tiene (deuda soberana) y, sin embargo, no se pongan a disposición de nuestro país recursos para sanear nuestras propias dificultades, especialmente las referidas a los activos inmobiliarios”, ha razonado Rajoy, tras recordar que España ha avalado con más de 80.000 millones de euros los fondos necesarios para la creación de la llamada Facilidad Financiera Europea.
En cualquier, ha advertido que la obligación de recapitalizarse afectará negativamente al crédito. “No tengan la más mínima duda”, ha sentenciado.
En un esbozo de las medidas que afrontará nada más llegar al Gobierno si gana las elecciones, Rajoy ha anticipado que mediante las oportunas reformas legales garantizará la independencia y profesionalidad de los organismos reguladores y del Banco de España. “Hemos vivido una legislatura en la que se ha dañado gravemente la independencia de unos organismos que dan credibilidad y confianza a nuestra economía y nuestras instituciones. Por eso, deben ser los más eficaces, y para ello han de contar con las personas más capacitadas e independientes”. Además, ha avanzado que reducirá el número de estos organismos y articulará para la elección de sus responsables nuevas mayorías en el Congreso.
Rajoy ha mantenido que la reestructuración del sistema financiero debe culminarse ya y que, ligado a este proceso, es obligada una política de saneamiento de los balances de las entidades. “El Estado debe apoyar esta política de reestructuración y saneamiento al mismo tiempo en algunos aspectos concretos, como la puesta en el mercado de los activos inmobiliarios (inmuebles y suelo) en manos de bancos y cajas”, ha argumentado.
La oferta del PP dirigida a las empresas contiene el proyecto de que no tributen por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando las reinviertan. Se fomenta, así, que el capital invertido se reutilice en la modernización de la propia actividad empresarial. Actualmente, en lugar de esta exención, existe una deducción con pocas ventajas y de muy difícil aplicación. El PP también modificará la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos beneficios dedicados a hacer más competitiva la empresa mediante la adquisición de nuevos activos tributen diez puntos menos que aquellos destinados a ser distribuidos a los accionistas.
Estas propuestas se suman a otras en el ámbito de la gestión de los impuestos, como son que pymes y autónomos paguen el IVA cuando hayan cobrado efectivamente las facturas o la creación de una cuenta tributaria para las empresas de forma que puedan compensar los impuestos que deben a las administraciones con los pagos que éstas les adeuden.
