La Comisión Europea ha dado este martes marcha atrás y ha descartado de momento prohibir a las agencias de 'rating' que publiquen notas sobre los países de la UE rescatados (como Grecia, Irlanda o Portugal) o los que negocian planes de ayuda internacional.
Tras un largo debate, el colegio de comisarios ha descafeinado la mayor parte de las propuestas del responsable de Servicios Financieros, Michel Barnier, para reforzar el control sobre estas agencias, pese a que los líderes europeos les han acusado reiteradamente de agravar la crisis de deuda de la eurozona.
En concreto, los comisarios han tumbado en primer lugar la idea de Barnier de dar poderes a la Autoridad Europea de Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) para que pueda suspender durante dos meses la calificación de los países en crisis. Su objetivo era, según ha explicado Barnier, evitar "añadir inestabilidad a la inestabilidad".
El comisario de Servicios Financieros ha asegurado que esta propuesta, que según ha dicho "quizá era demasiado innovadora", no se abandona definitivamente sino que se retrasa. "Hemos considerado que necesitábamos más tiempo para convencer y detallar las medidas técnicas de aplicación", ha sostenido.
NO HABRÁ UNA AGENCIA EUROPEA
También se ha rechazado la iniciativa de Barnier de prohibir fusiones entre las grandes agencias de 'rating'. "Mi idea era que una agencia con una cuota de mercado de más del 20% en Europa no pudiera adquirir otras agencias", ha admitido el comisario. Pero también en este caso la Comisión se toma más tiempo para analizar si esta medida es compatible con el derecho de competencia.
El Ejecutivo comunitario ha renunciado igualmente a una de las principales ideas que había sopesado para aumentar la competencia en el sector: la creación de una agencia europea de calificación de riesgos, que contaba con el apoyo de Francia, Alemania o España.
El motivo es que ponerla en marcha costaría "entre 300 y 500 millones de euros de los que no disponemos de forma inmediata", ha dicho Barnier. Además, ha admitido que habría dudas sobre la credibilidad de esta agencia europea porque se la consideraría "juez y parte".
Finalmente, Barnier ha explicado que también se retrasa la puesta en marcha de medidas para evitar que las agencias envíen preavisos sobre cambios de nota a los clientes que paguen. Su objetivo es evitar que se repitan casos como la degradación errónea por parte de S&P de la nota de Francia.
AVISO CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN
Tras los cambios de última hora, la única iniciativa novedosa que ha sobrevivido en la nueva norma consiste en exigir a las agencias de 'rating' que avisen con 24 horas de antelación a un país si planean rebajar la nota de su deuda pública para darle una última oportunidad de presentar alegaciones. Para evitar turbulencias en los mercados, las notas sólo podrán publicarse tras el cierre de las bolsas europeas o al menos una hora antes de su apertura.
Las agencias deberán dar más información sobre los motivos que les llevan a degradar la nota de un país, publicando el informe íntegro, y tendrán que actualizar las calificaciones cada seis meses, en lugar de cada año como ahora.
La legislación incluye medidas para limitar el oligopolio de las tres grandes agencias estadounidenses (S&P, Fitch, y Moody's), como exigir más de una nota para los derivados especialmente complejos o imponer reglas para la rotación obligatoria de las agencias.
La Comisión propone además reducir la dependencia de instituciones públicas, bancos e inversores respecto a las notas de las agencias de 'rating' y obligar a las entidades a realizar sus propias evaluaciones de riesgo.
Finalmente, se establece un régimen de responsabilidad común en toda la UE que permitirá a los inversores perjudicados por una nota que se haya elaborado de forma negligente denunciar a la agencia responsable ante los tribunales y pedir una compensación por daños y perjuicios.
La norma, que deberá ser aprobada por los 27 y la Eurocámara, es la tercera que elabora la UE desde el inicio de la crisis para aumentar el control sobre las agencias de 'rating'. La primera impuso el registro obligatorio a todas las que actuaran en Europa y la segunda otorgó a la Autoridad Europea de Mercados Financieros (ESMA, por sus siglas en inglés) el poder para supervisarlas de forma centralizada.
