Las editoriales son la francesa Hachette Livre (de Lagardère Publishing), las estadounidenses Harper Collins (de News Corp.) y Simon & Schuster (de CBS Corp.), la británica Penguin (del grupo Pearson) y la alemana Verlagsgruppe Georg von Holzbrinck (propietaria, entre otras, de Macmillan), precisó la CE en un comunicado.

La Comisión indicó que la apertura del procedimiento significa que "tratará el caso como un asunto prioritario", y que el hecho de iniciar una investigación formal "no prejuzga el resultado de la investigación".

Bruselas señaló que, en particular, investigará si esos grupos editoriales y Appel incurrieron en "acuerdos ilegales" o prácticas que puedan haber restringido la competencia en la UE o en el Espacio Económico Europeo (los Veintisiete más Islandia, Liechtenstein y Noriega).

El Ejecutivo comunitario afirmó que examinará la naturaleza y los términos de los "contratos de agencia" concluidos entre esas cinco editoriales o minoristas para la comercialización de libros electrónicos.

Investigaciones antimonopolio

En concreto, expresó su "preocupación" sobre si esas prácticas han podido violar las reglas europeas antimonopolio que prohíben los cárteles y las acciones empresariales restrictivas.
La Comisión señaló que la duración de este tipo de investigaciones antimonopolio depende de distintos factores, incluida la complejidad de cada caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas con Bruselas y el ejercicio del derecho de defensa. Recordó asimismo que, el pasado mes de marzo, realizó inspecciones por sorpresa en las sedes de varias compañías activas en el sector de la publicación de libros electrónicos en diferentes Estados miembros.

La CE confirmó que realizó pesquisas "de forma paralela y en estrecha colaboración" con la Oficina británica encargada de velar por un comercio justo (Office of Fair Trading, OFT), sobre si ciertos acuerdos para la venta de "e-books" pueden ir en contra de las normas europeas de competencia.
La Comisión precisó que, antes de iniciar su investigación formal, las dependencias británicas ya habían cerrado la suya por razones de "prioridad administrativa".

No obstante, la CE reconoció la "contribución sustancial" aportada por la OFT, y garantizó que continuará colaborando en la investigación sobre los libros electrónicos.