Tres temas definen la situación del Teatro Real en los últimos años (reducción de presupuesto, adelgazamiento de los costes y caída de los abonos) y cada uno de ellos, por malo que sea, tiene un contrargumento que deja al descubierto un problema de fondo: cómo está planteada, realmente, su gestión.

Quienes hablan del Real lo hacen con una permanente sensación de catástrofe, como si sólo la subvención pública asegurara el éxito de un espectáculo cuyo público principal no es justamente mayoritario. ¿Están obligados la Comunidad y el Estado a subvencionar, como han venido haciéndolo, el coste de una entrada cuyo precio real sólo es abonado en un 30% por el espectador?

La semana pasada,  el patronato del Teatro Real celebró su ultima reunión ordinaria del año. Ahí se aprobaron los presupuestos para el año 2012-2013 así como la programación para el mismo periodo. Muchas cosas pueden interpretarse a partir de los números y las obras que se decidieron en esa reunión. Hay menos dinero (46.396.374 euros) y más representaciones clásicas. Eso, claramente, significa algo.

A diferencia de la programación de corte más rompedor con la que suele achacársele al director artístico del teatro, Gerard Mortier, la baja del 11% de los abonos en el último año, en la temporada 2012-2013 se vuelve a Mozart, a Puccini o Donizetti. Nadie lo ha dicho así de claro, pero todo apunta  a evitar los enredos y mantener en orden los números de un teatro que cada día dependerá más del inversor privado.

En efecto, los escollos económicos en cuanto a la subvención pública del Teatro Real suelen tener casi siempre una a contraparte: la reducción de presupuesto de 2010 para acá en 7 millones de euros  tuvo su compensación con el aumento del patrocinio privado hasta por 7,3 millones de euros; la reducción de costes de servicios, contratos, gastos de programación en 300.000 euros se llevó a cabo a la vez que se mantuvo el número de espectáculos de la programación, con un aumento, eso cierto del 5% en el coste de una entrada.

Según el estudio Economía de las Industrias Culturales en Español coordinado por Manuel Santos Redondo , las representaciones de opera son pocas comparadas con las de teatro  convencional, pero el valor económico de esa actividad es muy alto, pues se trata de espectáculos muy complejos y costosos y la recaudación refleja sólo en parte ese mayor valor, pues en ese sector es muy importante el apoyo estatal y también el patrocinio privado por parte de las grandes empresas. Y es allí donde, justamente, reside el mayor revés de la discusión. ¿Debe el Estado asumir ese coste?

De hecho, en ese estudio se afirma que la recaudación de esos espectáculos ha notado menos la crisis porque la capacidad económica del público que asiste suele ser alta. Sin embargo, es cierto que la oferta se ha visto reducida y que su precio  suele estar por debajo del coste del espectáculo gracias a las subvenciones y patrocinios por lo que no se llega al punto en que la demanda sea sensible a los ingresos de su público consumidor natural. Es, a todas luces, un mercado ficticio. Un reducto de la alta cultura cuidado, prácticamente entre algodones. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que su protección deba de ser eliminada, pero en lo que a cifras se refiere parece curioso el alto peso de subvención que aún atesora un mercado que no se ha visto obligado a competir.

La pregunta que realmente queda en el aire, no el sólo el porcentaje privado o público de la subvención sino la eficacia de un modelo en el cual el ciudadano debe o no asumir mayor peso en la cultura que consume, tal y como ocurre en los modelos anglosajones.  

Al estudiarse las cuentas de resultados del Teatro Real del año pasado, es posible apreciar de maneta directa cómo las subvenciones sostienen parte importante de la actividad del teatro. De forma tal que los ingresos de la entidad por actividad propia, quedan distribuidos de la siguiente forma: por venta de localidades: 16.569.785 euros, un 33,18%; por patrocinadores, 4.373.115, un 8,75%; el resto, que son subvenciones, alcana un total de 28.985.830,83, es decir, un 58% del total de los ingresos proviene de arcas públicas. ¿Es realmente sostenible ese modelo justo en uno de los sectores menos masivos de la cultura?