El Gobierno no descarta totalmente la creación de un 'banco malo' o 'banco de suelo', como cada vez se le llama con más frecuencia en el sector financiero, pero no lo hará hasta que esté completado el proceso de restructuración, que pasa por la desaparición de las entidades conflictivas y/o intervenidas, así como la finalización de la definitiva oleada de fusiones. Será en este escenario cuando, con apenas una decena de entidades financieras, el Ejecutivo se plantee la manera de solucionar la intoxicación inmobiliaria de la banca, después de tener perfectamente calculado el volumen total de suelo y promociones en cartera.
Así lo aseguran fuentes financieras (algunas muy cercanas al PP) y así se repetía, por ejemplo, en foros como Spain Investors Day, celebrado en Madrid ayer, donde precisamente el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistía en que antes que la austeridad y la contención del déficit, las prioridades del Ejecutivo son “el estímulo del crecimiento económico y la reordenación financiera”.
“El banco malo ahora no toca”, comentaban las fuentes, aunque en el sector no tienen dudas de que el Gobierno implementará algún mecanismo para purgar los activos inmobiliarios del sistema, con dinero público, por supuesto.
Pero, de acuerdo a los contactos preliminares sostenidos con el Gobierno, la impresión generalizada de los banqueros es que en primer lugar quieren “achatarrar los bancos conflictivos”, integrándolos en otras firmas o incluso liquidándolos, para, a continuación, dar inicio a una definitiva oleada de fusiones, que deje el escenario financiero en un reducido grupo de entidades grandes y algunas medianas, que previsiblemente no superaran la docena en total.
Se quiere evitar así que sobrevivan entidades razonablemente saneadas pero sin capacidad de acceso a los mercados dado su escaso tamaño. Esta reordenación debe dar lugar a entidades homologables al estándar europeo por volumen de activos.
También se quiere llevar a cabo antes una reducción del número de sucursales y de personal, ya que hay un exceso de capacidad en el sistema que poco a poco deberá ser ajustado convenientemente y con la menor conflictividad posible.
Entonces y sólo entonces, de acuerdo con las fuentes bancarias, llegaría el momento del saneamiento definitivo de los activos inmobiliarios, endosándoselos al Estado; un saneamiento inevitable ya que “todos estamos tocados y el que diga lo contrario miente”, comentaban las fuentes. Ese ‘banco del suelo’ pasaría a ser responsabilidad del Estado, que será quien digiera y gestione esta enorme bolsa de activos tóxicos.
