Sáenz de Santamaría ha estrenado este martes la primera ronda de comparecencias de los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha constatado la voluntad política del Ejecutivo de reducir el número de organismos públicos y de homologar las retribuciones de sus directivos.

También ha dejado claro el compromiso del Gobierno de exigir la máxima responsabilidad a los gestores que "malgasten", ya que podrían incluso hasta comparecer ante la Justicia.

Quien gaste más de lo razonable, quien "hipoteque el futuro" de los demás, deberá responder ante los ciudadanos y si es necesario ante la justicia, ha remarcado la vicepresidenta en la Comisión Constitucional de la Cámara.

Según ha añadido, no habrá instituciones opacas, de ahí la urgencia de una nueva Ley de Transparencia que, entre otros objetivos, permitirá a los ciudadanos conocer cuánto cobran los altos cargos o cuánto cuestan las cumbres internacionales en las que participe España.

El Gobierno se compromete a acelerar las negociaciones para renovar el Tribunal Constitucional

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha comprometido a que el Ejecutivo amplíe los contactos con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional "a la mayor brevedad posible". La vicepresidenta ha confirmado que se han reiniciado los contactos y ha admitido que la renovación del órgano es "imprescindible a corto plazo".

También ha reconocido que son urgentes otros nombramientos que se tienen que consensuar en instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE pero que están pendientes desde hace tiempo, lo que "no es ejemplar", y ha asumido la parte de responsabilidad que le toca al PP en este caso.

Al hablar del Tribunal Constitucional, ha subrayado que el reto del Gobierno es que se recupere "por completo" su prestigio, "deteriorado" en los últimos años, y que se devuelva "la centralidad a su primigenia función", la de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico.

Ha recordado que la intención del Gobierno es una reforma, que remitirá a las Cortes en una Ley Orgánica, en la que, por un lado, se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.

Y por otra parte, en la reforma se redefinirá el recurso de amparo, "para evitar que convierta en una instancia jurisdiccional más", y para que cumpla su objetivo original de proteger "rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles".

Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que la renovación del Constitucional es imprescindible a corto plazo, lo que no impedirá, ha añadido, que el Gobierno busque "nuevas fórmulas" para el nombramiento de sus miembros, que aporten "una mayor estabilidad" a la institución y que la hagan menos dependiente de las coyunturas parlamentarias.