El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, ha aceptado este martes la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista en pleno de modificar el precio del transporte público en la capital en función de los niveles de contaminación, en la misma línea de lo que se hará en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) cuando sea tecnológicamente posible.

La portavoz socialista en la materia, Ruth Porta, ha presentado "a debate" seis iniciativas relativas al transporte público para pedir al Gobierno local su elevación a la Comunidad de Madrid. En concreto, los socialistas han reclamado una congelación tarifaria para 2012, la posibilidad de hacer transbordos entre Metro y autobuses sin pagar dos veces, el establecimiento de deducciones en el IRPF por gastos en transporte público y la creación de desgravaciones fiscales para las empresas que se comprometen con el transporte público.

Además, también han pedido un replanteo de los títulos de viaje mensuales para crear tres tipos: el normal sin descuentos, el reducido con descuentos del 30 por ciento para jóvenes de 14 a 26 años, estudiantes de universidades públicas, parados con prestaciones contributivas, familias numerosas y discapacitados de más del 65 por ciento; y el super reducido con pensionistas según renta, parados con prestaciones no contributivas y menores de cuatro a trece años.

Estas cinco iniciativas han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP, que también ha votado en contra de la sexta propuesta --establecer tarifas especiales para incentivar el uso del transporte público en situaciones de alta contaminación atmosférica--, si bien el delegado ha dicho a Porta que "si la plantean (en el plazo de alegaciones al Plan de Calidad del Aire) se estudiará".

"La posibilidad de introducir en un momento, en una situación determinada, una tarifa medioambiental no es para nada descartable. Podría tener justificación", ha señalado De Guindos, que ha justificado el rechazo a la propuesta de congelar las tarifas en que "no procede en este momento, tras el anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de que las tarifas quedan congeladas".

Además, el delegado ha apuntado que las propuestas socialistas "llevan a una política de más subvenciones" y ha defendido que los gobiernos 'populares' que en los últimos quince años han dirigido la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid son los que "más" han hecho por el transporte público.

Motivos para la preocupación

Sin embargo, Ruth Porta ha señalado que los socialistas tienen motivos para estar preocupados, ante las afirmaciones de responsables autonómicos como el exconsejero del ramo Antonio Beteta o la propia Aguirre, que han aceptado buscar un pacto sobre transporte para después decir "que hay que reducir las subvenciones al transporte público para que los usuarios soporten al menos el 50 por ciento del coste".

"Ésos y otros mensajes hicieron saltar las alarmas. Hay inquietud, porque ya estamos muy acostumbrados a lo que acaba ocurriendo cuando ustedes empiezan a hacer declaraciones sobre el mismo asunto que parecen inconexas pero que en el fondo presentan posiciones totalmente contrapuestas. El final del recorrido también lo sabemos bien: suben los precios y suben los impuestos", ha reprochado.

Además, la socialista ha considerado que hay un "fracaso evidente" en la política de movilidad de los 'populares' porque, tras ponerse en marcha "numerosas y carísimas inversiones", el objetivo de facilitar la movilidad y combatir la contaminación no se ha alcanzado.

Finalmente, ha pedido al delegado que no entre en el "truco dialéctico" de hablar del porcentaje de cobertura --qué parte del billete paga directamente el usuario y qué parte está cubierta por el Consorcio Regional de Transportes-- porque entonces "habrá que saber de qué coste se habla".

"Si quieren incluir en coste de servicio la amortización de las inversiones nos tendrán en contra, porque supondría una enorme discriminación entre los usuario del coche y los del transporte público. En las calles no pagamos peaje por las inversiones que se hacen, y si al usuario del transporte público le hacen pagar la inversión le harán pagar dos veces", ha concluido.

Apoyos con matices

Por su parte, los grupos de Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han apoyado parte de las propuestas socialistas. La portavoz de la coalición rojiverde, Raquel López, ha criticado los incrementos en el precio del Metrobús experimentadas desde 2003, "más de un cien por ciento" y también ha hecho referencia al "incremento brutal" del precio del Abono transporte.

Asimismo, ha reprochado que se hable de las aportaciones del Consorcio como si procedieran de un lugar diferente que el bolsillo de los ciudadanos, y ha recordado que "decir que el ciudadano paga menos que el Consorcio es demagogia y una falacia".

"En septiembre nosotros ya planteamos la necesidad de un abono gratuito para parados de más de seis meses, y el Ayuntamiento dijo que no había posibilidades, pero sí las hubo para reducírselo un 80 por ciento a los peregrinos de la juventud del Papa en agosto, mientras a nosotros el billete sencillo nos subía entonces un 50 por ciento", ha continuado la edil.

Por último, López ha hecho referencia a los "incumplimientos" del Gobierno municipal para con sus propios trabajadores eventuales y temporales, que como parte del pago en especie cuentan con una ayuda al transporte que "no se ha aportado desde diciembre". "Ahora lo pagamos con dinero en metálico, lo que va a incentivar a los trabajadores a coger el coche, porque muchos optarán por no comprar el abono", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz en materia de Medio Ambiente y Movilidad en la formación magenta, Jaime Berenguer, ha coincidido en los beneficios de crear nuevas rebajas para ciertos colectivos como los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, aunque ha criticado que las iniciativas del PSOE "establezcan criterios de clase en lugar de renta".

"Dicen que la rebaja del 30 por ciento a estudiantes sería para quienes hayan acreditado una matrícula en una universidad pública. ¿Y por qué no de las universidades privadas? Habría que tener en cuenta criterio de la renta", ha concluido.