"No habrá una solución específica para Bankia". Dos días después, la realidad ha echado por tierra el augurio de Emilio Botín. La nueva reforma financiera, presentada ayer por Luis de Guindos, sí hace un guiño que sólo tiene aplicación a la entidad presidida por Rodrigo Rato. Para ello debe ganar la subasta de Unnim. Si así fuera, Bankia cumpliría con la exepción a una de las condiciones que deben darse en los nuevos procesos de fusión.

Según detalló ayer De Guindos, las fusiones deben implicar un aumento del 20% del tamaño que la mayor de las dos entidades que entren en la operación, salvo en determinadas circunstancias, que el diferencial puede reducirse hasta el 10%. Esa combinación sólo cuadra, entre todas las posibilidades del sector, con la adjudicación de Unnim (30.000 millones en activos) a Bankia (300.000 millones).

De hecho, todos los cambios normativos que se han ido aplicando en las últimas semanas contenían llegar a este fin. El más significativo se plasmó en la modificación del reglamento del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que las entidades que hubieran recibido ayudas públicas pudieran participar en los procesos de subasta. Esta situación abrió la opción a Bankia, que cuenta con un préstamo del Estado, el conocido como FROB 1, por valor de 4.464 millones de euros.

Bankia informó ayer que cumplirá con los nuevos requisitos en los plazos estipulados por el Gobierno. Para afrontar las exigencias, el Grupo cuenta con alrededor de 8.000 millones en diferentes instrumentos de capital como deuda subordinada, participaciones preferentes o provisiones genéricas por importe de 1.100 millones de euros. Además, añade Bankia en su comunicado, podrá realizar más provisiones mediante las plusvalías generadas por la venta de activos no estratégicos, además de la generación de resultados. Según los cálculos internos de la entidad, su necesidad de saneamiento no supera los 6.000 millones.

La cifra que se maneja en Bankia concuerda con los diferentes estudios que han ido apareciendo, en las últimas semanas, sobre las necesidades de provisiones de cada entidad. El único análisis que supera la hucha de Bankia es el realizado por la sociedad de capital riesgo N+1 que coloca las necesidades de saneamiento del banco cotizado en algo más de 9.100 millones. Según reconocen la mayoría de entidades, este estudio es el que está "más afinado" con la realidad.

A pesar de la importante hucha que maneja Bankia, la entidad está abocada a una fusión según las condiciones que impone el real decreto que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Continuar en solitario significaría cargar el 60% del saneamiento contra resultados y apenas el 20% sobre capital. Todo ello en un año. La proyección de beneficios anuales que manejaba Bankia en septiembre alcanzaba los 410 millones de euros sin tener en cuenta ningún tipo de provisión especial.

"Intentar cargar el saneamiento de Bankia contra su cuenta de resultados sería muy delicado. Eso significaría mandar a los accionistas el mensaje de que no iban a percibir remuneración apenas siete meses después de haber salido a Bolsa. Es una situación difícil de manejar", explican desde una auditoría.

La fusión, por contra, permite a las entidades dotar su necesidad de provisiones en dos ejercicios y enteramente contra capital. Además, las entidades que entrén en operaciones de concentración podrán contar con ayudas públicas del FROB en forma de préstamo. Para ello, el Gobierno aumentará la dotación de la hucha del FROB en 6.000 millones, hasta 15.000 millones en total, mediante la emisión de deuda pública.

Incentivos y peajes

Esos incentivos, sin embargo, contarán con varios peajes, según el plan detallado por De Guindos. Por una parte, las fusiones tendrán que realizarse mediante operaciones societarias, dejando sin valor la fórmula de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que permiten compartir la liquidez y el riesgo de crédito entre entidades. Este es el caso de Bankia. Además, se establecerán nuevas medidas de gobierno corporativo, con la entrada de profesionales, junto a un compromiso de mantenimiento y ampliación del crédito.

Por último, las entidades tendrán que elaborar un plan de viabilidad económica y de desinversiones en su cartera industrial, en los casos que así sean necesarios, que debe ser aprobado por el Banco de España antes de junio, ratificado por las Asambleas de las entidades, antes del próximo 30 de septiembre, y puesto en marcha el 1 de enero de 2013. 

Así se provisionan los 50.000 millones

En cuanto al plan de provisiones para alcanzar la cifra de 50.000 millones, De Guindos explicó, como había adelantado Vozpópuli, que para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones. Se prevé, además, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros.

La reforma también obligará a las entidades a crear una provisión genérica del 7% del crédito promotor sano, que será de unos 10.000 millones de euros. Tras la reforma, las provisiones específicas más el colchón de capital cubrirán: Suelo: un 80% de los activos problemáticos, frente al 31% de hasta ahora.Promociones en curso: el 65% en el caso de las promociones en curso, frente al 27% previo. Promoción terminada y vivienda: el 35%, frente al 25% de hasta el momento. Estas medidas extraordinarias dejarán de tener efecto a partir de 2013. 

La suma total de saneamiento, considerando las provisiones y el colchón de capital, ascenderá a 50.000 millones de euros, una cifra que tiene carácter extraordinario y se exigirá, por tanto, de una sola vez.