La Junta de Castilla y León subvencionará este año con 22,5 millones de euros (un 10% menos) a Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), cadena regional privada que controlan los empresarios José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo y que sufre un importante problema económico como consecuencia de un impago a la Agencia Tributaria de 10 millones de euros, según fuentes del sector que apuntan que, además, el abono de la Junta se realizará en un mayor número de pagos respecto a los ejercicios precedentes, hecho que dificulta aún más la gestión económica de la televisión.
Las mismas fuentes consideran que la reducción es mero maquillaje. El Ejecutivo regional que preside Juan Vicente Herrera ha tratado de mantener la subvención en 25 millones de euros anuales, pero los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno regional en todos los ámbitos no han dejado margen de maniobra. El objetivo es lograr que la deuda con Hacienda no suponga la puntilla a la cadena. Por ello, según fuentes no oficiales de la Junta, se espera que el Gobierno autonómico aumente la inversión publicitaria en la televisión regional con el objetivo de compensar en parte la rebaja de la subvención. A su favor juega la falta de transparencia de las partidas publicitarias de la Junta, ya que el gobierno autonómico sigue sin hacer efectiva la Ley de Publicidad Institucional. Los castellanos y leoneses desconocen cuánto se destina de las arcas públicas para publicidad y en qué medios gasta más y cuáles veta. José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta es el el máximo responsable de la materia y quien lidera las iniciativas contractuales con los dueños de la televisión autonómica privada. Vozpópuli ha tratado de contactar con la Oficina del Portavoz de la Junta, pero no ha obtenido respuesta.
RTVCyL ha implementado un importante plan de ajuste de gastos para poder hacer frente a la deuda con Hacienda de manera escalonada. Además de significativos cambios en la programación y en la contratación a productoras externas, uno de los capítulos donde la UTE de Méndez Pozo y Ulibarri ha efectuado los recortes más severos ha sido el laboral. Ha despedido a 37 trabajadores con los que prevé ahorrar un millón de euros al año. A pesar de la medida, la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que mantendría las subidas salariales pactadas en el convenio, un acuerdo laboral que ha permitido que la mayoría de los profesionales de Castilla y León Televisión sean mileuristas). Esta garantía de la compañía fue clave en la negociación de la salida de los 37 trabajadores a pocos días de la pasada Navidad.
Pero la empresa trata de no cumplir con lo pactado, según informan fuentes sindicales que aseveran que la directiva ha pedido negociar la congelación de las subidas. El comité de empresa reclama que se presenté algún documento de la Junta de Castilla y León que certifique el recorte presupuestario del 10%. Todavía no lo ha hecho, pero la empresa parece estar convencida de que persuadirá a los representantes sindicales: antes de tratar el asunto no ha cumplido con la subida del 8% pactada a partir de la primera nómina de 2012. La sombra de nuevos despidos parece que será un argumento de peso a la hora de lograr el beneplácito de los representantes de los trabajadores.
Origen del problema
Radio Televisión Castilla y León acumula una deuda en torno a 10 millones de euros con la Agencia Tributaria como consecuencia del impago del IVA correspondiente a las aportaciones económicas realizadas por el Gobierno regional desde 2009. La inspección de Hacienda considera que los más de 70 millones de euros que la Junta de Castilla y León ha aportado a la televisión privada autonómica para el cumplimiento del contrato programa de la licencia regional de TDT suponen “prestación de servicios”, mientras que el Ejecutivo del Popular Juan Vicente Herrera y los responsables de la cadena entienden que se trata de “una subvención para el desarrollo de la explotación”.
