El Gobierno quiere facilitar a los patrimonios domésticos que han salido de España o que, por algún motivo tienen desatendidas sus obligaciones con Hacienda, una puesta al día, que contribuya a elevar la recaudación, tal como dijo el pasado 5 de enero la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando anunció un Plan de Lucha Contra el Fraude. A cambio, será amable, (lo que equivale tácitamente a que no habrá sanciones por vía penal), siempre que se abonen la deuda y los intereses.

El Ejecutivo aboga por el pragmatismo y no quiere que se repita otro ‘caso HSBC’, (hace unos meses, las autoridades francesas entregaron información de cuentas suizas del banco británico a la Agencia Tributaria, con la filtración de que la familia Botín tenía miles de millones de euros en dicho país donde impera el secreto bancario), sino que los patrimonios con cuentas pendientes con el ministerio que lidera Cristóbal Montoro regularicen voluntariamente su situación. Varias bancas privadas trabajan con sus clientes fomentando este proceso, de la mano, por supuesto, de despachos de abogados con experiencia tanto en regularizaciones fiscales complejas como en relacionarse con la administración.

De hecho, fuentes jurídicas comentan que el propio HSBC ha recomendado a algunos clientes suyos de alto patrimonio españoles los servicios de los despachos Uría Menéndez y Baker & McKenzie, por si acaso tuvieran alguna cuestión pendiente.

Este mes

La presentación del Plan de Lucha contra el Fraude está prevista para final de mes, según aseguran en Hacienda. Es decir, con toda seguridad, después de la Reforma Laboral, este será el siguiente gran ítem del Ejecutivo.

Sobre esta cuestión ya hay mucha gente trabajando. Otros despachos se muestran muy activos, con redoblados ímpetus después del anuncio del 5 de enero. Firmas como Garrigues, Cuatrecasas Gonçalves Pereira o Broseta Abogados están en ello, además de los nombrados anteriormente, aunque consultadas varias de estas entidades no han querido hacer la menor declaración al respecto.

Desde una banca privada indican que “para tratar este tema hace falta un despacho con una experiencia internacional importante y, además, bien relacionado con el Gobierno que, aunque esto parece una tontería, no lo es”. Conviene recordar, por ejemplo, que en Baker & McKenzie está al frente Manuel Pizarro, ex responsable de lo económico en el PP en las elecciones de 2008.

En Hacienda confirman que "de acuerdo al esquema existente sobre el Plan de Lucha Contra el Fraude habrá novedades para ayudar al cumplimiento voluntario”. Eso sí, insisten en que "esto no se trata de ningún tipo de amnistía fiscal" y que "tampoco se trata de una negociación con despachos y bancas privadas para traer cuantos más patrimonios mejor".  Lo que se busca es allanar el camino; “que nadie pueda decir que regularizar su situación es algo demasiado complejo”.

Soraya Sáenz de Santamaría anunció este plan, con un objetivo de recaudación de 8.171 millones de euros. Las fuentes consultadas opinan que “es muy fácil que con este mecanismo, el Gobierno pueda recaudar entre 1.000 y 2.000 millones de euros, pues hay varias decenas de miles de millones fuera”.

Mientras tanto, muchos países están adoptando medidas similares e intentando hacer aflorar dinero colocado en paraísos fiscales. La presión sobre países como Suiza, Andorra o Panamá es creciente y la colaboración entre países está cerrando en cierta medida un cerco sobre estos territorios opacos.