En público, aceptan o prefieren callar. Esta última opción es la pose que ha decidido adoptar Rodrigo Rato. "No voy a pronunciarme sobre cuestiones personales", asegura el presidente de Bankia, sobre la rebaja de 1,7 millones en su nómina. En privado, como adelantó este diario, los banqueros afectados por la limitación a sus salarios, impuesto por el nuevo decreto de reforma financiera, han atiborrado de consultas a sus abogados sobre la legalidad de la medida. Consultas que acabarán en denuncias ante los tribunales ante lo que en el sector consideran como un "desmesurado intervencionismo" del Gobierno. "Sabemos que llegarán demandas, no muchas, pero alguna se presentará", admiten ya desde el Ministerio de Economía.
Desde que el titular de Economía, Luis de Guindos, apostó por reducir de forma considerable las retribuciones de los directivos de las entidades con ayudas públicas, en su gabinete fueron conscientes de que se podría producir una respuesta legal por parte de algùn directivo. "De Guindos prefiere pagar ese precio antes de no haber tocado los salarios. Limitar los sueldos era de una de sus grandes obsesiones al plantear la reforma", explica un directivo afectado por la medida, al que el propio ministro le trasladó esta reflexión.
"Puede ser su obsesión, pero De Guindos debería ser consciente de que hay determinadas personas afectadas por los recortes que no son responsables del deterioro de las entidades. Esta medida sólo les incita a buscar su sitio en otros sectores que pagan salarios conforme a su talento. De ser así, se pone otra dificultad más a la viabilidad de estas entidades", insisten desde un par de entidades con FROB 1.
En entidades como Novagalicia, Banca Cívica o Bankia no se descarta la salida de algún afectado. "Algún gran despacho puede quedar vacío", insisten en una de esas entidades, en referencia a su consejero delegado. "Intentaremos atraer y mantener el talento (en Bankia) compaginándolo con la nueva política de remuneraciones", sostiene Rato.
Aunque se mantienen las grandes líneas del tijeretazo, en los últimos días se ha matizado una de las limitaciones que impone el nuevo decreto a los presidentes, consejeros delegados y directores generales de las entidades que hayan recibido inyecciones públicas en forma de préstamos, el conocido como FROB 1. La suspensión inicial de las aportaciones a los planes de pensiones de estos directivos se ha transformado en posibilidad en aquellas cajas que recibieron préstamos públicos para acometer fusiones, como Bankia, Banca Cívica, BMN o Caja España-Duero.
El real decreto solo deja claro que no se podrán engordar las pensiones de los directivos de las cajas en las que el Estado se ha convertido en el principal accionista y en las que no se pueden pagar más de 300.000 euros al año. Por tanto, como reconocen fuentes del ministerio de Economía, se podrán seguir haciendo aportaciones a las pensiones.
Además, los directivos de las cajas que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) también podrán recibir su sueldo variable pasados tres años, en función de que se hayan alcanzado determinados objetivos.
