El déficit del Estado puede terminar siendo inferior a lo anunciado por el Ministerio de Interior. El dato provisional del 8,2% está siendo desmentido por las proyecciones de los técnicos de Hacienda que consideran “precipitada” la cifra que publicó el gobierno del PP al llegar a La Moncloa.

Sus estimaciones están partiendo de un ejercicio relativamente sencillo: están tomando como base el mes de diciembre de 2010 para simular cómo se comportó el último mes de 2011. En 2010, la contabilidad nacional registro un superávit de 4.000 millones de euros en diciembre. Dado que este pasado año no ha habido gastos extraordinarios, 2011 puede haber cerrado con un déficit oficialmente inferior al 8%. Los técnicos de la Agencia Tributaria confían en la solidez del cálculo porque diciembre ha repetido el mismo comportamiento positivo para las cuentas del Estado desde 2008, el año en que el INE cambió la base de cálculo y en el que comenzaron a sentirse los efectos de la crisis en la contabilidad nacional.

El juego político de “desembalsar” el déficit

Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, el comportamiento normal de las cuentas debiera dejar la cifra de déficit por debajo del 8%. Sin embargo, este año puede producirse un juego político que describen como el del “déficit embalsado”: contabilizar en 2011 todos los gastos posibles para arrancar el siguiente periodo contable con menos caudal de déficit.

El gobierno socialista se negó a firmar convenios de gasto autonómicos al cierre del ejercicio que pretendían adelgazar el agujero del Estado. Se trata de gastos que requieren del convenio del gobierno central y las autonomías y que sólo cuentan como partidas de gasto si las dos partes los suscriben. Con la llegada del PP al poder, convenios que habían sido retenidos fueron aprobados con premura en los últimos días del año.

El 27 de diciembre de 2011, el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) publicó un acuerdo que comprometía gastos del Ministerio de Trabajo y de la comunidad de Aragón en materia de acogida e integración de inmigrantes que debía aplicarse en un año al que le quedaban cuatro días de vida.

Partidas de gasto similares se han aprobado en diferentes autonomías. Los socialistas denuncian que el nuevo gobierno está "desembalsando déficit" para cargar a la herencia socialista un agujero mayor del que la contabilidad estricta registraría. Fuentes populares rechazan que se sigan criterios arbitrarios y acusan al gobierno anterior de haber pospuesto gastos que debían cargarse a 2011. El Ministerio de Hacienda no ha comentado la situación.