El debate interno en el Ejecutivo sobre si la reforma laboral debía ser más o menos agresiva se zanjó el día 27 de enero, en un consejo de ministros cuyas posiciones comenzaron a cerrarse a las nueve de la mañana. A esa hora, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que mostraban un aumento del desempleo de 348.700 personas. La cifra inclinó definitivamente la opinión de Rajoy del lado de quienes apostaban por una reforma “agresiva”, según revelan fuentes del gabinete.

El debate hasta las nueve de la mañana

A partir de las nueve comenzó a inclinarse una báscula que había estado equilibrada hasta ese momento entre los dos platillos que volvían a librar su enésimo pulso: el de los ministerios de Economía y Hacienda, con Fátima Báñez, ministra de Trabajo (más cercana en el terreno personal y en la colaboración política a Montoro) en el fiel de la balanza.

De Guindos había apostado por una reforma dura que incluyera el “abaratamiento del despido, la dilución de los convenios colectivos y herramientas para que el empresario pudiera recortar salarios, ajustar jornadas y reordenar turnos”, afirman fuentes conocedoras de la negociación. Todo ello salió adelante. Por el contrario, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendía la “flexibilidad de los contratos a tiempo parcial” (algo que sí se incluyó en la redacción final del decreto-ley), pero era partidario de no regular salarios ni jornadas, con el argumento de que CEOE y sindicatos habían pactado –dijo literalmente—“libremente subidas modestas de rentas”. Montoro concluyó: “Ésa es la línea que hay que seguir”.

 El coste de “otra” contradicción política

Hacienda advirtió a Rajoy de la que podía constituir su segunda contradicción política en apenas dos meses de gobierno: Cristóbal Montoro había asegurado un año antes “el problema económico de España no se soluciona con el abaratamiento del despido” y el propio Presidente del gobierno había añadido el 14 de septiembre que “el PP no pretende abaratar el despido”.

Economía aseguró que los nuevos datos justificaban la nueva línea de actuación política y subrayó que los mercados internacionales percibían el paro como el gran problema nacional y necesitaban una señal contundente. Mariano Rajoy aceptó ese último argumento y encargó a Luis de Guindos que trasladara el mensaje a Bruselas. Así lo hizo el ministro consciente en todo momento de que le grababa una cámara de televisión.

En aquella reunión del Eurogrupo, afirman fuentes del gobierno, De Guindos recibió ofertas de otros ministros dispuestos a “importar” ingenieros y mano de obra cualificada española.

 Quince días sin consultas a los sindicatos

Después de que Rajoy decidiera, comenzó la redacción de los detalles y el fin de los contactos con los sindicatos. Durante los quince días siguientes, Fátima Báñez rompió interlocución con UGT y CC.OO. Los sindicatos, reconocen fuentes sindicales, comenzaron a intuir que la reforma sería dura a partir de ese momento.

Sin embargo, la ministra no rompió su contacto con los empresarios. Es más, Fátima Báñez siguió telefoneando al presidente de la patronal, Joan Rosell, hasta 24 horas antes de aprobar el decreto. La CEOE era consciente de que había ganado el primer pulso.

Con la reforma redactada de manera definitiva en quince días, Báñez llevó el texto final al consejo del día 10 de febrero. Allí intentó trasladar la idea de que todavía era posible una mínima negociación con los sindicatos pero la obsesión por evitar filtraciones produjo la paradoja de que los sindicatos escucharan por primera vez esa invitación a negociar en la rueda de prensa en la que se detalló el texto. La desconfianza sindical hacia el gobierno fue de tal calibre, que UGT y CC.OO. pactaron no hablar hasta el día siguiente, cuando el BOE publicara el texto definitivo y pudieran leer lo que realmente se había aprobado.