El Gobierno de Mariano Rajoy pretende introducir un cambio en la normativa actual por la que los consejeros independientes de una sociedad cotizada pierden tal condición cuando ha permanecido doce años vinculado a la empresa, un periodo que es sensiblemente superior al del aplicado en los países del entorno más cercano.

La primera intención del Ejecutivo es reducir la cifra pero se está encontrando con la fuerte presión de un grupo de consejeros que llevan mucho tiempo siendo considerados como independientes y quieren seguir siéndolo.

En realidad, lo que pretenden es conservar sus puestos en los consejos de las empresas, toda vez que las normas de buen gobierno corporativo contemplan la inclusión en el máximo órgano ejecutivo de las empresas cotizadas de un porcentaje de independientes. De esta forma, si los consejeros perdieran tal condición se verían obligados a dejar el sillón que ocupan.

Los consejeros, especialmente los más veteranos, no han dudado de tirar de agenda para evitar males mayores y, por lo que parece, están cerca de conseguirlo. Especialmente significativo ha sido el apoyo que han encontrado en el grupo de Convergencia i Unió (CiU) en el Parlamento para que, finalmente, los planes iniciales del Gobierno no desemboquen en un cambio desfavorable para los consejeros.

Los esfuerzos del Gobierno

Y aun más lejos quieren llegar porque la intención de este grupo de consejeros es que la limitación pase incluso a mejor vida, es decir, que nunca pierdan la condición de independientes por mucho tiempo que pasen relacionados con la empresa.

Estos consejeros suelen figurar en varias compañías cotizadas con las que mantienen un vínculo considerablemente largo en muchas ocasiones.

La cuestión está ahora en manos del Gobierno pero todo parece indicar que la reacción de los consejeros ha sido providencial. El Ejecutivo ya introdujo limitaciones para las indemnizaciones a los ejecutivos de las empresas financieras, dentro de la reforma financiera, al tiempo que también pondrá coto a las retribuciones de los directivos de las empresas públicas. Más difícil lo tendrá en un ámbito privado que cuenta con recomendaciones de buen gobierno que no están adaptadas a los nuevos tiempos.