Con apenas 10 días de vida, los puntos más controvertidos de la reforma laboral no han tardado en llegar. Concretamente uno de ellos, el que permite al empresario bajar salarios o cambiar la jornada de trabajo “por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”.

Y no solo al empresario del sector privado: también a las empresas públicas o a los ayuntamientos. El Instituto Nacional de Estadística (INE), presidido desde este año por Gregorio Izquierdo Llanes y dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, tiene así el honor de ser el primer ente de la Administración General del Estado que aplica la reforma laboral de Mariano Rajoy. Así lo ha denunciado CCOO este martes.

“La actuación de los gestores del INE supone una flagrante vulneración de los derechos laborales del personal laboral, al que se le modifica las condiciones de trabajo en cuanto a horario, jornada y centro de producción”, dice la nota de este sindicato. El instituto cuenta con 2.800 trabajadores indefinidos, aunque en ocasiones dobla y hasta triplica esa cifra con temporales según la carga de trabajo (encuestas de larga duración, etcétera).

Ni más personal ni subcontratas

Además, El INE no tiene ni autorización de Economía para contratar más personal ni dinero para externalizar sus servicios. Fuentes del comité de empresa denuncian que la dirección del instituto se ha empeñado en modificar los horarios de trabajo para incorporar a trabajadores en horarios nocturnos y en fines de semana. “Tras la reforma nos dijeron que la modificación de la jornada se iba a hacer por las malas si no se conseguía por las buenas”.