El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer en un concurrido desayuno que la economía española “está supervisada” desde el mes de agosto. No llegó más lejos, entre otras razones porque el discurso imperante en el Gobierno intenta convencer de que los ajustes se hacen a iniciativa propia, porque España lo necesita, y no obedecen, por tanto, a presiones de Bruselas o de los grandes fondos de inversión. Sin embargo, es la primera vez que un miembro del Gobierno reconoce de forma implícita que España está intervenida, aunque no sea a través de los procedimientos formales por los que han tenido que pasar Grecia, Portugal o Irlanda.

Guindos no ha hecho sino admitir algo que este Gobierno y el anterior tienen presente desde el pasado verano, estación en la que se recibió en La Moncloa la carta del BCE donde se exigía a España una ambiciosa reforma laboral y una devaluación competitiva de los salarios, entre otras medidas para evitar su intervención.

Pero lo que no esperaba el actual equipo económico es que después de aceptar esta disciplina y de ejecutarla de forma mucho más valiente y decidida que el anterior Gabinete socialista, el Banco Central Europeo y Alemania, en concreto, le iban a dejar tan desamparado ante la presión insaciable de los mercados. El problema, explican fuentes gubernamentales, tiene un perímetro mucho más amplio. “Primero fue Mario Monti el que pidió a España más reformas, después ha sido Sarkozy el que nos ha utilizado de forma humillante en su campaña electoral y, finalmente, es Mario Draghi el que, con su pasividad, está dejando que nos despeñemos”, señalan estas fuentes, conscientes de que la respuesta, más allá de lo que haga el BCE, “debe ser también europea”.

El actual equipo económico contactó antes de llegar al Gobierno con los colaboradores de Ángela Merkel para solicitarles una tregua mientras desplegaba todo el abanico de reformas que necesitaba España. El pacto, así lo siguen denominando altos cargos de la actual administración, consistía en ganar tiempo mientras el BCE inyectaba liquidez en el sistema financiero y Mariano Rajoy encaraba las reformas. “Hasta ahora ha funcionado, pero la pasividad con la que el BCE está respondiendo a la nueva arremetida de los mercados no es de recibo, no nos la merecemos en absoluto, porque somos un Gobierno democráticamente elegido que está cumpliendo sus compromisos…Esperamos que el BCE reaccione en breve”, añaden los mismos medios gubernamentales.

A otro nivel, menos gubernamental y más de partido, hace varias semanas que se ha abierto el debate interno sobre si ha merecido la pena o no esperar a las elecciones andaluzas para aprobar los Presupuestos y mostrárselos a Bruselas. Este es un examen pendiente que también preocupa en el Gabinete de Rajoy mientras el ministro Cristóbal Montoro está volcado en actualizar el nuevo programa de estabilidad y crecimiento para convencer a Bruselas de que el compromiso de España con la reducción del déficit llegará hasta el final.

El nuevo recorte de 10.000 millones de euros anunciado por sorpresa para las partidas autonómicas de sanidad y educación se inscribe también en este propósito de serenar a los mercados, pero la contestación que ha recibido en algunas comunidades y la forma tan singular en que ha sido presentado por el Gobierno le ha convertido, reconocen las mismas fuentes, “en un cartucho de sal”.