No sólo hubo sendos informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado desaconsejando que se abra ahora un proceso de ilegalización contra Bildu y Amaiur, tal y como reclamó recientemente la formación liderada por Rosa Díez, UpyD, sino que incluso los servicios jurídicos del PP y de su Grupo Popular redactaron un amplio informe de 17 páginas en el que se concluye que "no existen en este momento elementos probatorios ni argumentales suceptibles de fundamentar con razonables expectativas de éxito la promoción de incidente de ejecución de sentencia respecto a las coaliciones electorales Bildu y Amaiur".
El texto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, hace un extenso repaso a la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de mayo de 2011 por la que estimó el recurso de amparo que interpuso la coalición electoral Bildu contra la Sala 61 del Supremo que le había prohibido concurrir a las elecciones locales y forales del 22 de mayo, decisión que revocó el Constitucional. Con estos antecedentes, Amaiur pudo, unos meses después, presentarse a las generales. Ese es el hilo conductor del informe que admite, no obstante, vinculos de cargos electos de Bildu y Amauir, así como de colaboradores, con "la izquierda abertzale ilegalizada", aunque se entiende que "carecen de relevancia desde el punto de vista de su virtualidad como prueba en un eventual proceso de ilegalización".
"Hay manifestaciones de pertenencia a un mismo mundo pero no constituyen por sí causa de ilegalización"
Ese es el caso de los nombramientos que ha hecho Bildu para determinados cargos institucionales en la Diputación Foral de Guipúzcoa y a los que se refiere el documento con nombres y apellidos: Iñaki Errazkin, Marian Betialarrangoitia, Juan Carlos Alduntzin, Garbiñe Errekondo, Zigor Echeburúa o Arantxa Ruiz de Larrinaga, candidatos, ex cargos electos, algunos incluso ex alcaldes, de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok u otras formaciones de nombres más sugerentes como "Boga Boga", candidatura anulada en las municipales de 2003. A pesar de ello, insiste el informe en este sentido que "no se dan, por tanto, en las personas indicadas, las circunstancias de relevancia cuantitativa y cualitativa para que ese dato vaya más allá de un indicio de coincidencia ideológica, y de un indicio de que, ciertamente, Bildu se ubica en el sector de la izquierda abertzale, con coindencias ideológicas con los partidos ilegalizados, pero sin que quepa inferir con relevancia de elemento probatorio pleno que la presencia de esas personas en el entorno institucional gestionado por Bildu implique una conexión funcional y operativa al servicio de un designio sucesor de Batasuna y de la estrategia de ETA".
Bandera, retrato y escoltas
Además, hechos puntuales como la retirada de la bandera de España de los edificios municipales o del retrato de Su Majestad el Rey tienen un gran "impacto mediático" y "carga simbólica", pero "repudiar la Monarquía, España o la democracia son actuaciones que, en sí mismas, constituyen opciones ideológicas o políticas carentes de virtualidad ilegalizadora". Asimismo la prohibición de acceso de los escoltas de los concejales no nacionalistas a la dependencias municipales del Ayuntamiento de Andoaín, que luego se suavizó, "carece de relevancia desde el punto de vista de las relaciones con Batasuna".
Admite, por otro lado, que no ha habido desde Bildu pronunciamiento de condena de ETA, pero, en cambio, "se han saludado los pasos 'valientes' o 'decididos'" que ha dado supuestamente la banda para alcanzar un "escenario de paz", lo que, a la luz de la jurisprudencia citada "son manifestaciones de pertenencia a un mismo mundo pero no constituyen por sí causa de ilegalización".
En cuanto a Amaiur, se repiten buena parte de los argumentos dados con Bildu y asume la vinculación de muchos de sus diputados con "la izquierda abertzale ilegalizada". Es el caso de Iñaki Antigüedad, Xabier Mikel Errekondo o de Maite Aristegi, pero de Antigüedad también se dice que "presenta vinculaciones, pero han sido cosntantes sus manifestaciones en contra de ETA y el terrorismo en los últimos tiempos" como tras el asesinato de Ignacio Uría. En conjunto "no hay vinculaciones subjetivas susceptibles de fundamentar la ilegalizacion de la lista". Asimismo, subrayan que la coalición Amaiur además de estar formada por los mismos partidos que Bildu suma a Aralar, "carente de conexiones con los partidos ilegalizados y con la organización terrorista ETA", y que las reiteradas manifestaciones de miembros de la izquierda abertzale "en el sentido de resaltar sus cosntantes presiones sobre ETA para forzarla al abandono de la violencia condicionan y matizan la posible relevancia de las conexiones estratégicas de la coalición Amaiur con el entorno de los partidos ilegalizados", todo ello al margen de declaraciones o expresiones que puedan considerarse moralmente reprobables.
El Gobierno de Mariano Rajoy está a la espera de la sentencia del Constitucional sobre Sortu, que podría estar preparada antes del verano. Será esa sentencia, según fuentes gubernamentales, la que siente las bases definitivas sobre lo que es legal e ilegal en la actuación política.
