La orden de intervención de una Comunidad Autónoma española por parte del Gobierno central ya está firmada. Será, muy posiblemente el próximo mes de mayo, según comentan en círculos de Moncloa. Varios nombres se barajan como objetivo de esta iniciativa. El propio Luis de Guindos sondeó sobre este particular al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, cuya respuesta permanece entre interrogantes. En los últimos días también se ha hablado de Castilla-La Mancha y Andalucía como otras comunidades con riesgo de ser intervenidas.
La reunión de Mariano Rajoy con sus presidentes autonómicos el pasado sábado ofreció una imagen de cohesión y responsabilidad. Los allí presentes asumieron sus compromisos de austeridad al tiempo que mostraron su decisión de llevar adelante los ajustes y sacrificios que se les demanda desde el Gobierno para alcanzar la cifra de déficit del 1,5 por ciento a final de año, tal y como se ha empeñado Mariano Rajoy con las autoridades de Bruselas. Sin embargo, en los pasillos del encuentro circulaba insistentemente el runrún de que Moncloa precisa de un golpe de efecto en forma de intervención de una Comunidad para hacer ostensible su determinación de cumplir su programa de control del déficit. Por otra parte, también se trata de hacer ver a las comunidades díscolas que, como Cataluña o Andalucía, no están gobernadas por el Partido Popular, que no se va a pestañear a la hora de tomar medidas drásticas en el caso de que no se cumplan las prescripciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han mencionado literalmente la palabra "intervención" a la hora de referirse a las autonomías "díscolas".
Fabra, en el punto de mira
De Guindos sondeó el pasado sábado directamente al presidente Fabra en forma discreta sobre esta posibilidad, lo que no ha impedido que esta conversación haya trascendido del pretendido sigilo. La Generalitat Valenciana cerró el pasado ejercicio con un déficit de 1.543 millones de euros, frente a los 379 del año anterior. En porcentaje del PIB se sitúa en torno al 3,2%. Se recuerda asimismo que la Generalitat ha hecho frente el mes pasado a un vencimiento de 500 millones de euros de un préstamo no renovado de varias entidades financieras gracias a un préstamo del ICO. También aparece a la cabeza del ranking de las regiones más morosas, según las facturas pendientes que han remitido al propio Beteta, con más de 4.000 millones en impagos. La mayor parte de estas facturas pendientes se deben a gastos sanitarios y farmaceúticos. El propio Fabra ha llegado a admitir públicamente no ser capaz de discernir de dónde puede seguir cortando para cumplir con los objetivos marcados desde el Gobierno.
Valencia está, pues, en el punto de mira, aunque otras comunidades del PP también están siendo analizadas con lupa por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Algunos corresponsales extranjeros advertían ayer de que una o más regiones podrían "traspasar poderes" en los próximos meses y citaban fuentes de Moncloa. Esta medida de toma del control presupuestario por parte del Gobierno central sería bien visto tanto por Berlín como por la UE, comentaban en sus informaciones. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía eran las comunidades mencionadas por algunos rotativos anglosajones.
No obstante, la posible intervención de algún ente autonómico sigue siendo un tema tabú por parte del Gobierno, que ha desmentido, desde la cartera de Hacienda, esta posibilidad.
