El sumario abierto a comienzos de año por supuestas irregularidades graves en la concesión de obras por parte de la Dirección General de la Policía sumó este miércoles 56 nuevos casos sospechosos de adjudicaciones 'a dedo'. No serán los últimos. En los próximos días, otros trece llegarán al Juzgado de Instrucción 26 de Madrid que investiga el caso y que hasta ahora mantiene el sumario bajo secreto. Con estos 69, serán más de un centenar los contratos de adjudicación de trabajos realizados en instalaciones de la Policía que estarán bajo sospecha de haber sido concedidos previo pago de cuantiosas comisiones.

La denuncia de los nuevos casos ha partido del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la misma organización que destapó el escándalo a comienzos del pasado mes de febrero tras recibir un anónimo en el que se detallaban supuestas irregularidades en contratos adjudicados por técnicos de la Subidrección General de Gestión Económica de la Policía durante los ejercicios 2010 y 2011. Los nuevos casos, según confirmaron a Voz Populi este mismo sindicato, abarcan un periodo mayor y se remontan al año 2003. En total, el volumen de lo supuestamente defraudado en los 69 casos destapados ahora se acerca a los 2,5 millones de euros. El SUP asegura que toda la documentación les ha llegado también de modo anónimo.

La denuncia destaca la construcción de una 'piscina para perros' que costó 40.000 euros y "no sirve para nada"

En los nuevos casos, el presunto fraude repite un modelo parecido al que supuesta siguieron los que motivaron la apertura del sumario: la división de contratos en varias adjudicaciones separadas para evitar los concurso públicos. Luego, estos contratos se concedían presuntamente a dedo a un grupo reducido de compañías, algunas de las cuales eran propiedad de los mismos empresarios. En el caso de las 46 irregularidades cuya documentación está en poder del juzgado desde ayer al mediodía, las empresas señaladas son dos, propiedad ambas de la misma persona. En este caso, el técnico de la Dirección General de la Policía que les adjudicó todas ellas también coincide. La denuncia anónima incluye una imagen del lujoso chalé que supuestamente posee este último en una localidad de los alrededores de Madrid como supuesto indicio de la presunta corrupción.

La denuncia anónima hace especial hincapié en una de las obras supuestamente concedidas de modo irregular al propietario de ambas empresas. En concreto, la construcción de una "piscina para perros" recientemente levantada para los animales de la Unidad Canina. Según el texto remitido al juez, la misma ha costado 40.000 euros y, según destaca, "se encuentra fuera de funcionamiento por deficiencias graves técnicas, funcionales y constructivas". "No sirve para nada", concluye su denuncia acompañado de cuatro imágenes del lamentable estado de dicha instalación.

Cuatro empresas con un nombre similar

En los trece casos que el sindicato aportará en breve, son cuatro las empresas señaladas, todas ellas con sede en Barcelona y cuyos nombres comerciales tienen evidentes puntos de coincidencian que sugieren que sus propietarios son los mismos en todos los casos. En este ocasión, las obras sospechosas de irregularidades también se remontan a 2003 y llegan hasta 2010, y, según detalla la denuncia anónima a la que ha tenido acceso este diario, son "de lo más variopintas": desde el tendido de instalaciones eléctricas en un centro policial de El Escorial (Madrid) a un estudio geotécnico en Castellón.

Las nuevas denuncias son prolijas en detalles, nombres y cantidades, y van a acompañadas de fotocopias de numerosos documentos oficiales sobre la concesión de dichos contratos, algo que coinciden con la que provocaron la apertura del sumario. Entonces, el autor anónimo de la mismas no sólo se las remitió al SUP, sino también a la Intervención Delegada de Hacienda, que remitió una copia del escrito a la Dirección General de la Policía. Ésta ordenó a su Unidad de Asuntos Internos iniciar una investigación y envió el informe realizado por la misma a la Fiscalía Anticorrupción. El caso llegó finalmente a Plaza Castilla, donde el titular del Juzgado número 26 le dio credibilidad y abrió el sumario. En aquella primera denuncia, el anónimo destaba que un grupo de "no policías" está haciendo "su agosto particular mediante la adjudicación de los contratos a empresas amigas o compinchadas". Las nuevas denuncias apuntan en el mismo sentido.