El Gobierno ha renunciado ya a dar marcha atrás a la nacionalización de YPF por parte del Gobierno Kirchner. Pero sí aspira a forzar la negociación con Buenos Aires para alcanzar un precio cercano a lo que demanda la petrolera española Repsol, según admiten fuentes de Exteriores.
En esa dirección se dirigen todos los esfuerzos diplomáticos del Gobierno que pretende continuar lo que define como una “ofensiva diplomática sostenida”.
Esa campaña diplomática española arrancó antes de la expropiación pero se ha impulsado a pleno rendimiento con el anuncio del gobierno Kirchner. Tres han sido los miembros del Ejecutivo que la han desarrollado: el ministro de Economía, Luis de Guindos; el de Exteriores, José Manuel García-Margallo y el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
El corazón de la ofensiva a cargo de García-Margallo
La primera ronda de contactos bilaterales ha corrido a cargo de García-Margallo y sus primeras llamadas fueron a Reino Unido. En esos primeros contactos se planteó el objetivo diplomático: aislar a Argentina de los foros internacionales e incluso lograr su expulsión de organismos como el G-20. El apoyo a esa tesis lo dio el canciller británico, William Hague, que ha acusado públicamente a Argentina de “ir contra todos los compromisos que ha hecho en el G-20 para aumentar la transparencia y disminuir el proteccionismo”.
El segundo movimiento giró en torno a Estados Unidos. García-Margallo entregó a la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, un dossier con los argumentos y cálculos españoles sobre el impacto de la expropiación. 24 horas después de recibir ese informe, Clinton solicitó un encuentro con Margallo. La entrevista fue “muy bien” y que Washington mostró su “disposición a trabajar juntos”.
Esa ofensiva diplomática se ha cerrado con el llamado “Club de Berlín” (un grupo restringido de 11 ministros europeos constituido a iniciativa alemana para debatir sobre el futuro de Europa y en el que se sientan Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Portugal y Polonia) también abordó la situación y expresó su apoyo a España en las represalias que Madrid prepara. El mismo planteamiento se ha llevado de manera bilateral a conversaciones con los gobiernos de Nueva Zelanda y de Portugal, así como al Grupo de Amigos de Siria (un foro al que acuden los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Francia, Alemania, Jordania, Marruecos, Catar y Arabia Saudí).
Los otros dos frentes del tridente diplomático
Los otros dos hombres que han protagonizado la ofensiva diplomática española han sido el ministro de Economía, Luis de Guindos y el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Luis de Guindos ha llevado a los organismos internacionales la presión a Argentina. El objetivo es utilizar la amenaza del cierre del grifo de la financiación para lograr que el gobierno Kirchner negocie un buen acuerdo económico. En ese sentido, las declaraciones del Banco Mundial –del que depende la financiación del país—han sido fundamentales para forzar la mano de la Casa Rosada.
En esa ofensiva, De Guindos ha trasladado las presiones también a la OCDE. España busca una reprobación explícita al gobierno de Buenos Aires, el foro de las principales economías industrializadas del planeta. El Ejecutivo pretende elevar una queja en ese foro, según adelantan fuentes diplomáticas, que se presentará en los próximos días.
El tercer frente del tridente diplomático lo ha impulsado el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha llevado el tema a la reunión que el G-20 y otros países invitados celebraban en Puerto Vallarta, México. Allí ha planteado la expulsión de Argentina del organismo con el argumento de que la expropiación “es una decisión frontalmente contraria a los principios en los que se ha fundado el G20”, ha dicho.
