Madrid es, de lejos, el Ayuntamiento de España que más debe a los proveedores, como se supo cuando florecieron las deudas de los consistorios que se acogieron al plan de financiación habilitado por Hacienda. 1.017 millones de casi 10.000 millones en total. Una situación que prometió revertir la alcaldesa, Ana Botella. “Ahora toca pagar”, dijo en la tribuna de Nueva Economía Fórum, allá por marzo.
Pero Botella no solo no ha revertido nada, sino que los proveedores más afectados –servicios de limpieza, recogida de residuos, tratamiento de basuras y un largo etcétera- han vuelto a irritarse con la regidora. Al parecer, tras acogerse a la línea de crédito del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, el Ayuntamiento de Madrid… no ha abonado las facturas correspondientes a marzo y abril. Solo en limpieza, critican desde este sector, Botella debe ya cerca de 600 millones de euros, una cantidad que bajará cuando las empresas reciban lo que se les debía antes de marzo, según lo estipulado en el plan de proveedores.
Pero la noticia ya ha saltado: Ana Botella vuelve a las andadas por las que transitó su predecesor, el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Somos cautivos de los servicios”, lamenta Francisco Jordán, presidente de Aselip, la patronal que aglutina a gigantes como FCC, Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) o Sufi (Sacyr). “Me parece bien que hablemos de inseguridad jurídica en casos como el de YPF. Pero nuestra situación, la de servicios prestados sin cobrar que, a la larga, afectan a miles de trabajadores, ¿no es también un ejemplo de inseguridad jurídica?”, remacha Jardón.
Madrid no está solo
Pero las empresas que prestan servicio en la capital no son las únicas que padecen la morosidad. Tras el Real Decreto que dio paso al plan de proveedores, otros municipios irresponsables, caso de León, Jaén o Jerez, imitan a la alcaldesa. Hasta el punto que las patronales afectadas plantean volver a reunirse, temerosas de que varias de estas localidades dejen de pagar por segunda vez.
Otra fuente del sector aplaude la posibilidad de que Hacienda intervenga las cuentas consistoriales si algunos Ayuntamientos continúan por estos senderos pedregosos. “Creo que algunos alcaldes no son demasiado conscientes de qué significa la intervención”, prosigue esta persona. “No sé si hay demasiados equipos de Gobierno conscientes de que unos señores del Banco de España pueden embargarles las cuentas”.
El tamaño de la ciudad no parece que ser determinante para que un Ayuntamiento sea buen o mal pagador. Barcelona, un ejemplo modélico para las empresas a la hora de cobrar, no ha recurrido a la línea de crédito porque solo tiene cinco facturas pendientes de años anteriores, con un importe que no supera los mil euros.
