Las arcas socialistas están en el esqueleto como consecuencia de la pérdida de las elecciones generales y de la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Los ingresos de Ferraz han caído un 36% y eso va a obligar a la actual ejecutiva a aprobar un ERE que puede llegar a afectar a un tercio de la plantilla.

El expediente de regulación de empleo, del que Vozpópuli informó el pasado 17 de febrero,  está siendo elaborado bajo la supervisión de Miguel Cuenca, socio del área laboral de KPMG, quien tiene en sus manos también el nuevo ERE que se cierne sobre el grupo Prisa.

Antes de que el ex presidente de Aragón Marcelino Iglesias abandonara la secretaría de Organización del PSOE, puesto en el que fue sucedido por Oscar López, se calculó que los despidos podrían afectar a unos 200 trabajadores de los, aproximadamente, 700 con que cuenta el PSOE. Pasados los meses y con la ejecutiva dirigida por Alfredo Pérez Rubalcaba tras el 38º Congreso, las estimaciones apuntan a que la reducción de empleo debe ir pareja a la merma de los ingresos para no disparar la deuda y, por lo tanto, debe afectar a no menos de 250 trabajadores.

Los socialistas arrastran una deuda de 46 millones de euros, pendiente de renegociar con los bancos

El plan de adelgazamiento está siendo negociado con los trabajadores desde hace dos meses y se ha visto desbordado porque dentro de la plantilla del PSOE se ha introducido también a los que tradicionalmente han venido formando parte de su equipo electoral. En un momento en que las cuotas de los militantes no llegan a cubrir ni el 10% de los ingresos totales y en el que las partidas procedentes de las subvenciones estatales se han reducido al mínimo, el encarecimiento de los costes laborales ha puesto al principal partido de la oposición en una situación delicada, según fuentes de Ferraz.

 Las cuentas que los socialistas llevaron a su último congreso revelan que su deuda total asciende a 46 millones de euros y está pendiente de renegociación con los bancos. Si en 2008, año en el que Zapatero revalidó su mayoría, las subvenciones oficiales suponían el 88% de los ingresos, después de la sangría electoral del año pasado este porcentaje se ha reducido en casi un 40%.