El abogado de la familia del dictador Francisco Franco ha señalado que espera que este martes el Tribunal Supremo "haga justicia" en su decisión de este martes, y ha criticado que el Gobierno pretende que se entierren los restos de Franco "bajo siete llaves y se tire la llave".
"Espero que actúe como esa dama ciega que corona el frontispicio de la fachada del Tribunal Supremo", ha indicado Luis Felipe Utrera Molina en una entrevista en RNE. Seis magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reúnen este martes para deliberar y votar si la decisión del Gobierno de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio se ajusta a derecho.
El tema del lugar de reposo de los restos es el aspecto de la demanda que concentra mayor complejidad jurídica, y de hecho su resolución viene dividiendo al tribunal.
A este respecto, el abogado de la familia ha indicado que sus clientes han hecho lo que establecía el decreto ley, pero entiende que el Ejecutivo "pone excusas" porque no le gusta que la familia decida donde inhumar los restos de Franco.
Utrera Molina ha asegurado que tiene que preservarse el derecho a decidir de familia, pero esto se ha encontrado con la dificultad de que el gobierno trata de vetar "cualquier lugar que pueda ser visitado por nadie". "Quiere que se entierre bajo siete llaves y se tire la llave", ha resumido.
"Violación de los derechos humanos"
"Franco no es parte de este proceso, sino el Gobierno y una familia, con los mismos derechos que los demás", ha recalcado, indicando que el Ejecutivo podría incurrir en "una violación de derechos humanos", como el derecho "tan básico" de la familia de decidir cómo y donde enterrar a sus muertos.
Con todo, Utrera Molina ha subrayado que cabe recurso de la familia ante la eventual decisión del Supremo. "La familia desde un principio dijo que era una batalla que llevará hasta el final por sentido de dignidad", ha incidido, explicando que podrían pedir amparo al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
