Diversos acusados están intentando aplazar el juicio al narcotraficante gallego Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y otro medio centenar de personas, entre ellas el abogado de Carles Puigdemont, el controvertido Gonzalo Boye. En el proceso, que tendrá lugar en la Audiencia Nacional el próximo lunes 18 de noviembre, se juzgará el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína. El material fue incautado por las autoridades en dos operaciones: una, en 2017, en la que se interceptaron 3,3 toneladas y otra, en noviembre, en la que se requisaron 616 kilos más en un contenedor en Países Bajos. De entre los defensas de los acusados, al menos cuatro han solicitado que se suspenda la vista oral, si bien ninguna de ellas es la de Sito o Boye.
Mientras para Miñanco se piden 31 años de prisión, para Boye solicitan 9 años y medio blanquear presuntamente los beneficios de la operación. Parte de la expectación que ha despertado el juicio recae en la singular figura de éste último, conocido por ser el letrado del expresidente catalán y por su pasado delictivo. Y es que, además de coordinar la defensa de los miembros del Ejecutivo de Puigdemont que huyeron al extranjhero, Boye participó en el secuestro en los años 80 del empresario Emiliano Revilla por parte de ETA, que pasó 249 días en un zulo y fue liberado tras pagar su familia 1.000 millones de pesetas. Boye fue condenado por su implicación a 14 años de prisión. De ellos, cumplió 7, que aprovechó para sacarse la carrera de Derecho.
Desde entonces, Boye se ha caracterizado por ejercer de letrado en casos de gran repercusión mediática. Uno de los primeros fue el juicio de los atentados del 11M en Madrid donde representó a la viuda de una de las víctimas. También ha participado en causas internacionales como la presentación de una querella contra seis asesores del presidente estadounidense George W. Bush por el caso Guantánamo. Asimismo, presentó una querella contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas por financiación irregular y defendió a Rodrigo Lanza, el joven de extrema izquierda acusado de dejar tetrapléjico a un policía —y actualmente en prisión por la muerte de un hombre que portaba tirantes con la bandera de España—. Por último, defendió al rapero Valtònic, condenando a tres años y medio de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo al pedir "matar a un guardia civil", entre otras proclamas
