El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró este martes que la interrupción voluntaria del embarazo "jamás" podrá ser por razón de la discapacidad de una "persona" porque eso significaría crear ciudadanos "de primera y de segunda". Con estas palabras ha respondido el titular de Justicia a la interpelación de la senadora de la Entesa Mónica Almiñana, quien ha asegurado que la reforma del aborto no es "necesaria", ni "deseable" y tiene como única justificación la "obsesión" del Ejecutivo de acabar con el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
La senadora de la Entesa ha mantenido que la última palabra sobre el aborto es de la mujer y ha opinado que un feto de menos 14 semanas no es una persona: "se es persona cuando se nace", ha resaltado.
Gallardón ha reiterado que la ley actual, aprobada en 2010, "lesiona" la doctrina del Tribunal Constitucional y la Constitución y ha subrayado que la reforma que elabora su departamento no será un sistema de plazos "sino un sistema de indicaciones".
Ha sostenido que España está obligada a modificar su legislación en función de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU porque "un discapacitado no tiene peor derecho" que una persona que no lo es. "Por lo tanto, si hay interrupción del embarazo será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de discapacidad de una persona porque eso significaría crear personas de primera y de segunda", ha destacado Gallardón.
Ha afirmado que la ley del aborto de 1985 fue "un espacio de encuentro" entre la izquierda y el centro-derecha, ya que la norma ha estado vigente con cuatro legislaturas socialistas y dos "populares", sin embargo, el PSOE, sin incluirlo en su programa electoral de 2008 ni en su campaña, decidió modificarla.
A su juicio, la actual norma "no fue comprometida con los ciudadanos", mientras que el programa electoral del PP, con el que se presentó a las última elecciones sí incluía la reforma según los criterios doctrinales del Constitucional.
"Estamos actuando en el cumplimiento de un compromiso electoral anunciado y hacemos aquello que dijimos a los ciudadanos", ha insistido el ministro, quien ha insistido en que en la reforma de la ley por primera vez en la historia no hay reproche penal para la mujer.
Ha indicado que el Constitucional señala que ninguno de los dos derechos -ni el de la madre, ni el del "no nacido"- puede prevalecer por encima del otro y ha insistido en que cuando hay conflicto entre ambos derechos es el legislador el que dice el que debe primar "y eso se traduce en un sistema de indicaciones".
Asimismo, el ministro ha dicho que es defensor de los derechos de la mujeres a los que considera como "parte sustancial" de un estado de derecho y ha recriminado al partido socialista que no fuera partidario del sufragio femenino en la II República.
La senadora ha considerado que el PP no "tolera" que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo y le ha espetado que una ley que reconoce el derecho al aborto no obliga a abortar.
