Los alumnos de Primaria y Secundaria podrían haber pasado estos dos últimos años sin utilizar mascarilla en clase de haber salido adelante la propuesta inicial del Ministerio de Sanidad. Las idas y venidas del Gobierno con las mascarillas han sido más que notorias estos años de pandemia. En el ámbito escolar, no ha sido distinto.
Según el acta de la reunión de la Comisión de Salud Pública del 25 de agosto de 2020, a la que ha accedido Vozpópuli, Sanidad, a través de Pilar Campos, subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, propuso que la mascarilla no fuese obligatoria en clase, siempre y cuando los alumnos permanecieran sentados y con una distancia de 1,5 metros entre pupitres.
“La propuesta es que sea obligatoria a partir de seis años, pero no mientras permanezcan sentados en los pupitres si estos están separados 1,5 metros. En el transporte podría ser recomendable en niños de entre tres y cinco años y obligatoria a partir de seis. En el profesorado y trabajadores se aconseja el uso de mascarilla higiénica, sin menoscabo de la recomendación de mascarilla quirúrgica o EPI por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a población de riesgo”, expuso el Ministerio.
Como se puede comprobar, la propuesta de Sanidad fue bastante más laxa de la que se aplicó posteriormente. Los responsables del endurecimiento de la medida fueron las comunidades autónomas, que tal como se refleja en el documento, se removieron contra la propuesta del Ministerio.
La primera en hacerlo fue María Antonia Font, directora general de Salud Pública de Baleares. Font defendió el uso obligatorio de mascarilla para mayores de seis años, independientemente de la distancia de seguridad. En seguida, la propuesta de Baleares fue secundada por comunidades bajo distinto signo político, como Murcia y Asturias.
La intervención que se recoge del director general de Salud Pública de Galicia, Andrés Paz-Ares, resulta de lo más sorprendente –no se puede descartar que se trate de una errata-, pues llega a defender el uso de mascarilla obligatorio para los niños mayores de seis años y “también para menores de tres”.
Otra comunidad gobernada por el PP, Castilla y León, cuya Consejería de Sanidad se encontraba en manos de Ciudadanos por aquel entonces, insistió en la mascarilla obligatoria para mayores de seis. No se recoge intervención de Madrid, pese a que la Dirección de Salud Pública se encontraba ya comandada por Elena Andradas, más cercana a Isabel Díaz Ayuso que su antecesora en el cargo.
El criterio de las comunidades se impuso al de Sanidad, como quedó de manifiesto en la siguiente reunión de la Comisión, que tuvo lugar el 3 de septiembre. En dicha ocasión, la batuta del Ministerio la llevó María Terol, que formaba parte de la misma Subdirección que Campos.
Terol anunció que se habían producido sendas reuniones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y que en ambos encuentros se había incidido en la necesidad de que los alumnos mayores de seis años utilizasen mascarilla en el aula. El 10 de septiembre, cuatro días después de que el curso escolar ya hubiera comenzado, se presentó para su aprobación la “Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos”.
Idas y venidas con las mascarillas
La posición del Gobierno con las mascarillas ha sido poco constante a lo largo de la pandemia. Todos recordamos al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, decir en marzo de 2020 que las mascarillas no eran necesarias y que no había evidencias científicas sobre su utilidad para la covid. Después, España impuso una de las normativas más severas en cuanto al uso de la etiqueta respiratoria de toda Europa.
Poco después de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores, tras meses de evidencias de que no servían para nada, volvió a imponerlas de cara a la Navidad, algo a lo que se opusieron los expertos en Salud Pública. Ahora, a falta de pocos días para que dejen de ser obligatorias en interiores –con la excepción del transporte público y el ámbito sociosanitario-, muchos se preguntan si veremos un nuevo cambio de posición del Ministerio al respecto en los próximos meses.
