La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), condenó este viernes la presencia de activistas de la turismofobia que han entrado en complejos hoteleros de Lanzarote para acusar a los visitantes de estar generando con su huella hídrica daño medioambiental a la islas. En un hotel de la cadena Sandos en Lanzarote se entró incluso para hacer la colada en medio de las horas de descanso. De León "esas personas no representan el movimiento de los manitestantes" que reclaman "un modelo social que la Consejería comprarte al 100%".
La portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, ha señalado que "puedo entender el cabreo de la gente, claro que lo entiendo. Ese hotel es ilegal y lleva operando sin licencia unos 13 años. Ya realmente no recuerdo ni cuantos años hace que está en pie. Y entiendo la frustración de los ciudadanos cuando hay un hotel ilegal que ha privatizado una playa, porque han construido sobre un vial que era de acceso público y es uno de los motivos por los que ese hotel no se puede legalizar. Porque hasta que ese vial no esté destruido, cosa que el hotel está ocupando, no es legalizable. Entonces puedo entender el enfado y la frustración de los ciudadanos", dijo.
Este 20 de octubre los grupos de activistas contra la industria del turismo dejan las capitales de provincia para dirigirse a entornos turísticos y afrentar a los visitantes su estancia en el archipiélago. Desde el pasado mes de abril en Canarias ha hecho emergido con fuerza el debate sobre la masificación turística, que ayuntamientos y comunidades con más presión viajera tratan de abordar mediante diferentes medidas, entre las que destaca la ordenación de los pisos turísticos o la tasas.
Canarias -con 13,9 millones de entradas de turistas extranjeros en 2023 y 7,1 millones de nacionales para 2,2 millones de habitantes- inauguró en abril pasado las manifestaciones masivas contra el turismo masivo, con 100.000 personas en la calle de manera simultánea en las capitales de todas las islas. El Parlamento regional (con mayoría de Coalición Canaria y PP) rechaza imponer una tasa turística y las peticiones de licencias para alquileres turísticos se aceleran ante la expectativa de una regulación anunciada. Entre tanto, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el control y tasa de acceso a uno de los espacios naturales más amenazados por la saturación, el barranco de Masca; y el Cabildo de Gran Canaria planea limitar el acceso al Roque Nublo.
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