Nuevo golpe a las mafias chinas asentadas en España. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado esta mañana la 'Operación Snake' contra una trama especializada en la importación de productos textiles falsificados y en la evasión de capitales. Se espera la detención de 32 personas, entre ellos varios de nacionalidad española, así como la imputación de otras 47 personas. El dispositivo policial se desarrolla en Barcelona, Valencia y Madrid, aunque el grueso tiene lugar en esta última provincia y, más en concreto, los barrios de Vallecas y Usera, donde se ha desmantelado talleres ilegales de confección, y el Polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada. Se han practicado 65 registros. Los arrestados están acusados de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Las primeras estimaciones cifran en 300 millones el dinero evadido y en 14 millones el fraude ocasionado al erario público.
La trama mafiosa cobraba hasta un 4% a otros empresarios chinos que querían evadir el dinero de España hacia el país asiático
La 'Operación Snake' es la culminación de una investigación que se inició hace dos años tras detectarse en España la existencia de una organización que importaba de forma ilícita mercancías desde China a la Unión Europea y, principalmente, España. Se trataba en su mayoría de productos textiles de marcas muy conocidas que falsificaban, así como otros complementos como gafas de sol. La principal actividad fraudulenta del grupo era, precisamente, la importanción de grandes cantidades de estos bienes eludiendo el pago de los correspondientes impuestos. Para ello, la red, formada por ciudadanos de origen china y liderados por un matrimonio asentado en la localidad madrileña de Tres Cantos, contaba con la supuesta colaboración de 'transitarios', empresarios españoles que se encargaban de agilizar la entrada en nuestro país a través de la aduana de los puertos de los contenedores de mercancias. Varios de ellos han sido arrestados.
La trama tenía tal capacidad que, incluso, había creado su propia estructura de blanqueo en la que participaban un elevado número de testaferros y en las que aparecen implicadas varias empresas instrumentales. Los primeros se encargaban de acudir a entidades bancarias y locutorios para hacer transferencias de dinero a China por cantidades que nunca superaban la cifra a partir de la cual hay que avisar al Servicio de Prevención de Blanqueo (SEPBLAC). Su capacidad para sacar dinero fuera de España era tal que, incluso, ofrecía dicho servicio a otros empresarios, a los que cobraba hasta un 4% de los fondos evadidos, según fuentes cercanas a la investigación. Según las primera estimaciones, en los cerca de cuatro años que llevaba operando, la red había evadido rumbo a China unos 300 millones de euros. Del total de los beneficios que obtenían con sus diferentes actividades delictivas, sólo el 5% se quedaba en España para mantener la estructura de la organización. El 95% restante salía rápidamente hacia el gigante asiático, donde estaba asentada otra parte de la organización.
Robados por otras bandas
Una evasión que hacían con una frecuencia semanal. Según las pesquisas, cada siete días enviaban remesas de aproximadamente 100.000 euros. Según las pesquisas, la organización mafiosa china hacía tiempo que evitaba acumular cantidades demasiado elevadas de dinero en metálico en los pisos del barrio madrileño de Vallecas que servían de punto de recaudación. El motivo: en los últimos tiempos algunos de estos inmuebles habían sido asaltados por bandas de delincuentes. "De este modo minimizaban las pérdidas por estos asaltos", señalan fuentes al tanto de los detalles de la 'Operación Snake'.
La red evitaba en todo momento acumular grandes cantidades de dinero en metálico tras sufrir varios asaltos de otra bandas a los pisos donde lo guardaban
Sin embargo, no había sido éste el único cambio que había introducido la organización en su forma de actual. En los últimos meses habían dejado de introducir todos los productos falsificados a través de puertos españoles ante el cerco policial a este tipo de actividades fraudulentas. Por ello, habían desviado parte de los contenedores con la mercancía que llegaba por vía marítima hacia otros puertos de la Unión Europea, desde donde la remitían a nuestro país para iniciar todo el proceso de distribución que también llegaba a Europa. La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid). En la misma, además de la UCO, participan funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo de Madrid, así como de Europol.
