España

Admitida la querella contra el despacho fundado por Montoro

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro. La titular citará a

  • El ministro Montoro, en la comparecencia en el Congreso

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro. La titular citará a declarar a todos los integrantes del mismo, entre los que se encuentran el hermano del ministro y sus exsocios, así como a los exresponsables de las Cámaras de Comercio, según adelanta ABC.

La Fiscalía Anticorrupción presentó la querella el pasado mes de abril por la adjudicación "a dedo" de un contrato de las Cámaras de Comercio en el año 2012. Además de Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda y expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), están querellados otros gestores y propietarios de Equipo Económico, cuyo presidente ejecutivo es Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Cristóbal Montoro durante el Gobierno de José María Aznar. También figuran los tres socios directores del bufete: Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia TributariaFrancisco de Asis,  ex director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda; y Manuel de Vicente-Tutor, exdirector del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria.

El contrato fue adjudicado en 2012 a cambio de 216.000 euros para que Equipo Económico elaborara un estudio sobre la reforma de las Cámaras de Comercio. La tesis de la Fiscalía es que la Cámara, como organismo público, estaba obligada a sacar a concurso el contrato. Por contra, lo adjudicó de forma directa a una empresa integrada por ex altos cargos del Gobierno. Finalmente el importe pagado fue inferior, pero siempre muy por encima de los 12.000 euros de máximo que estipula la ley para adjudicaciones directas. Desde las Cámaras sostienen que la adjudicación fue "legal".

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