Hacienda sale de nuevo en defensa de la infanta Cristina. Y lo hace con un escrito de quince folios remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, en el que se reafirma en todas la conclusiones de su informe del pasado 14 de enero que ya exculpaba a la hija del Rey en las presuntas irregularidades fiscales detectadas en Aizoon SL, la empresa que ésta compartía al 50% con Iñaki Urdangarín. La Agencia Tributaria, que niega que aquel documento tuviera "lagunas ni contradicciones" como le reprochó el 7 de mayo la Audiencia Provincial de Palma, reconoce sin embargo que se elaboró únicamente "con la información que se disponía en vía administrativa" y que, por ello, sus conclusiones son "provisionales". "No era posible determinar si los verdaderos obligados tributarios eran las personas físicas o las jurídicas, cuál era el monto total de las ganancias obtenidas y si éstas tenían carácter lítico o no. Estas circunstancias sólo podían aclararse y determinarse en el seno de la investigación judicial que se estaba llevando a cabo", reconoce el escrito, firmado por el delegado especial de la AEAT de Baleares, Arnaldo Cañellas.
El escrito de la Agencia Tributaria rezuma una crítica al magistrado por sobrecargar con peticiones de informes a los dos expertos de Hacienda que le prestan auxilio judicial
El texto, entregado el pasado viernes pero conocido este lunes, no es en realidad un informe, sino la "contestación" de la Agencia Tributaria a los cuatro oficios del pasado 24 de mayo en los que el juez Castro le solicitaba que determinará, entre otras cosas, cuál era "la real intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener Doña Cristina de Borbón y Grecia". Sobre este punto, Hacienda recuerda que las "actuaciones administrativas" que abrió para investigar las presuntas actividades defraudadoras de Iñaki Urdangarín "se encuentran suspendidas [...] por imperativo legal" y que sólo podrá reabrirlas "cuando finalice el proceso penal". No obstante, insiste en que el informe "provisional" que surgió de aquellas inspecciones, el criticado por los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, sigue siendo perfectamente válido "no apreciando que tenga lagunas ni contradiciones". En su defensa del documento, la Agencia Tributaria hace suyo el escrito que en su día presentó la Abogacía del Estado tras la decisión judicial de mantener abierta la posibilidad de imputación de la infanta por delito fiscal y blanqueo.
En aquella respuesta, el representante procesal del Estado aseguraba que los jueces que reprochaban que en el informe se hubiera obviado el papel de la hija del rey en Aizoon SL, "parten de una errónea premisa" y negaba que en el polémico informe de Hacienda de enero se afirmase que la mercantil "había sido constituida con finalidad defraudatoria". El escrito judicial insistía que sólo el duque de Palma había utilizado la empresa como "pantalla" para que "las retribuciones devengadas por su trabajo como consejero [de varias empresas] figuraran como generadas por Aizoon". Entonces, la abogacía del Estado, y ahora la Agencia Tributaria, recalcaban que era "notorio que el otro socio (Doña Cristina) no desempeñó estas labores de consejero/asesor de multinacionales que generaron los rendimientos" y que, por tanto, "esas actividades presuntamente ilícitas son sólo imputables a uno de los socios de Aizoon, que es Ignacio Urdangarín".
Aún investigando
"Tampoco podía considerarse a doña Cristina de Borbón cooperadora por el sólo hecho de ser socio no administrador de una sociedad [...]. Para ser partícipe de un delito contra la Hacienda Pública se requiere una previa participación consciente dirigida a la defraudación", reproduce el escrito de Hacienda literalmente del recurso de la Abogacía del Estado. Y concluye que sobre el supuesto delito de blanqueo que la hija del Rey pudo cometer al invertir parte del dinero obtenido de manera irregular por su esposo en la reforma de la vivienda de ambos, recuerda que al no ser una infracción "contra la Hacienda Pública" no fue objeto de aquella investigaciónl. Sobre las otras dos peticiones de información que el magistrado instructor le solicitó recientemente, entre ellos las cuotas defraudas por Aizoon y Urdangarín al fisco, la Agencia Tributaria pide más tiempo: "[Se] ha procedido a dar traslado de las citadas solicitudes de informe a los funcionarios que se encuentran realizando las actuaciones de auxilio judicial para que las incluyan en el informe que se encuentran elaborando". Una respuesta similar da a la última solicitud que aquel día hizo el juez Castro, la de un informe sobre las cuentas corrientes y bienes de la infanta Cristina. "Se cumplimentará y se procederá a remitir a ese Juzgado a la mayor brevedad posible", responde la AEAT.
El escrito rezuma también una crítica velada al magistrado por hacer recaer en los dos expertos de Hacienda que le auxilian en el 'caso Nóos' demasiada carga del trabajo al pedirle informes demasiado exhaustivos. "Los mencionados funcionarios se encuentran trabajando en la elaboración de un informe solicitado que es de tal amplitud que comprende cualquier vicisitud con trascendencia fiscal que afecte a las personas físicas o jurídicas imputadas y para cuya emisión tienen que analizar todas las actuaciones judicial y toda la voluminosa documentación que se les viene remitiendo desde el Juzgado", recoge textualmente el escrito que apunta que dicho informe, iniciado tras una petición de diciembre de 2011, aún no está concluido por ello, pese a la cual el magistrado sigue encargando nuevas gestiones.
El tono del escrito de Hacienda es de tal confrontación con el juez que en un punto de su texto, la Agencia Tributaria apercibe a Castro y dice: "las investigaciones judiciales deberían realizarse con celeridad para evitar la prescripción de los posibles delitos contra la Hacienda Pública de los ejercicios de 2007 cuyo plazo de prescripción está ya muy próximo".
