La Guardia Civil ha cifrado en 7,6 millones de euros el total transferido "a entidades vinculadas directamente" con los sindicatos por las mediadoras en los ERE entre los años 2000 y 2010, una cifra que posiblemente aumente al recabar más datos fiscales y financieros. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la aseguradora Vitalia señala que los conceptos por los que facturaban los sindicatos UGT y CCOO eran "asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos" que "deberían haber tenido cobertura" mediante el trabajo de las propias mediadoras.
Las autoridades aseguran que las sobrecomisiones que cobró Vitalia han causado hasta ahora a la hacienda pública andaluza "un verdadero perjuicio" cifrado en 21 millones de euros y eran acordadas por el exdirector general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero y el director andaluz de Vitalia. Pero ambos lo hacían, prosigue, "con el conocimiento y autorización de sus superiores jerárquicos", entre ellos el consejero de Empleo, que entonces era el imputado Antonio Fernández.
La Guardia Civil afirma también que los imputados en esta nueva rama de los ERE falsos, centrada en el cobro de sobrecomisiones, llevaron a cabo una "destrucción masiva" de documentos al conocer la investigación en marcha.
Incluir 'intrusos' en las prejubilaciones
Este informe, que forma parte del sumario cuyo secreto ha levantado la juez Mercedes Alaya, ha sido entregado este lunes a las partes personadas en el caso de los ERE y en él la UCO profundiza en los "intrusos" -un centenar de imputados que nunca trabajaron en las empresas sometidas a un ERE- de los que dice que eran identificados como "especiales" y solo conocían su caso los máximos directivos de las mediadoras. El exchófer de Guerrero aseguró en su declaración ante la juez que el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías "llamó en varias ocasiones" a Guerrero para incluir a 'intrusos' en varias prejubilaciones, aunque dijo no recordar "el nombre de los 'intrusos' señalados por Zarrías" porque "eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más".
Estos beneficiarios recibían un "trato diferenciado" ya que, según explicó una testigo, "cuando alguna de esas personas especiales llamaba en relación con una incidencia, no había forma de localizar el expediente ni resolverlo, ya que no existía informáticamente y en papel estaba en otro sitio distinto a los normales".
Otro informe de la UCO examina el patrimonio del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y recoge que cobró 97.851 euros de la sociedad Gestifesa, que lo contrató tras ser cesado en 2008 y también a su esposa. Este exalto cargo, que estuvo encarcelado siete meses en 2012 y de nuevo lo está desde marzo pasado, cobró 303.588 euros en efectivo de procedencia desconocida, la mayor parte en cantidades de menos de 3.000 euros, según la UCO.
Otros 23.769 euros fueron ingresados en una cuenta propiedad de una hija menor de edad de Guerrero y su esposa compró pisos por valor de 265.974 euros pese a que en el periodo investigado (entre octubre de 1999 y la actualidad) recibió solo 59.169 euros por su trabajo. La Guardia Civil concluye que la adquisición de pisos por parte del matrimonio "no podría haberse llevado a cabo sin el dinero que de manera ilícita percibía" el exdirector general.
Un patrimonio "desproporcionado con los ingresos legales"
Idénticas conclusiones alcanza la Guardia Civil sobre el exsindicalista Juan Lanzas, de quien dice que a partir del año 2000 "aumentó su patrimonio mediante la adquisición de once nuevas propiedades" a su nombre, cuatro a nombre de su empresa Maginae Solutions y un apartamento en la playa para sus padres. Lanzas adquirió un patrimonio "desproporcionado con los ingresos legalmente obtenidos" y solo en el periodo 2001-2012 tuvo abonos y adeudos en sus cuentas de 2.972.943 euros y su esposa de 2.837.458 euros.
La juez, en otro auto notificado este lunes a las partes, acuerda imputar en esta nueva fase de los ERE a otras cinco personas, tres de ellas directivos de Vitalia y las demás administradoras de las empresas presuntamente utilizadas para introducir en el mercado las sobrecomisiones.
