“Ésta era la casa de la discreción. Ahora es la casa del fuego a discreción”. Con cierto cinismo resume un inspector de la Agencia Tributaria la situación de un cuerpo al que la ley exige sigilo pero al que la avalancha de ceses –más de 320 en 18 meses—y las dimisiones en señal de protesta por las instrucciones políticas –tres presentadas y cuatro sin tramitar en apenas un mes—han convertido en un titular de portada en todos los medios.
Quienes trabajan en la Agencia coinciden en señalar a un responsable: el director general de Hacienda, Santiago Menéndez, que ha destituido a los delegados más antiguos de la institución e intentado controlar la designación de los inspectores que los tribunales asignan a casos tan delicados como la presunta financiación ilegal del PP o los casos de corrupción que cercan a la corona. Menéndez fue quien desactivó los equipos de investigación de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude). Frente a ese dictamen técnico de quienes trabajan dentro de la Agencia, la opinión de quienes están fuera apuntan a otro nombre con un criterio político: Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda ha amenazado con divulgar nombres de artistas, deportistas, políticos o partidos con deudas tributarias, algo que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide explícitamente.
Al margen de las responsabilidades, los escándalos en la Agencia Tributaria no han dejado de sucederse en los últimos meses. En menos de dos años, el fisco se ha convertido en protagonista de un reguero de polémicas que incomoda a los profesionales de la institución y ante los que los partidos de la oposición no han cesado de pedir explicaciones.
- La amnistía fiscal cuyo planteamiento fue denunciado por los inspectores que consideraban que “minaba la moral fiscal”. Pero ese planteamiento con el que el PP pretendía recaudar 2.500 millones de euros no fue sólo un escándalo económico. También provocó una controversia política porque entre los defraudadores que se acogieron a la amnistía se encontraba el propio ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
- El presunto “error” con las declaraciones de la infanta Cristina que, según reconoció la Agencia Tributaria, atribuyó por error propiedades a la hija del Rey que no le correspondían. Como consecuencia de aquel escándalo, cesó la directora de la Agencia, Beatriz Viana. Sin embargo, Hacienda todavía no ha explicado cómo el mismo error de atribución de fincas ajenas al DNI 14-Z de la infanta Cristina se repitió hasta en 14 ocasiones.
- El criterio de ida y vuelta en cuestiones como las “desgravaciones fiscales” o las “facturas falsas” de la infanta Cristina. En su primer informe al juez, la Agencia Tributaria hablaba de “empleados ficticios” para que el matrimonio Urdangarín se acogiera a la libertad de amortización, es decir, sugería una maniobra fraudulenta por la que había conseguido desgravar más 170.000 euros, una cifra que supera la barrera de los 120.000 euros de fraude que constituye delito fiscal. Meses después, Hacienda remitía al juez un segundo informe en el que corregía su posición inicial y reclamaba 251 euros, según publicó Vozpópuli. Ese mismo cambio de criterio técnico se repite en el caso de las facturas falsas, tal y como publicó el diario El Mundo. Los peritos no explican el cambio de criterio pero la Agencia Tributaria atribuye al juez Castro la responsabilidad del nuevo dictamen.
- La desgravación de las donaciones del Partido Popular: Los peritos de Hacienda denunciaron también inicialmente que los ingresos en las cuentas del PP procedían de donaciones irregulares. Pese a esa sospecha de financiación ilegal, Hacienda remitía al juez Ruz un documento en el que permitía al PP desgravarse esos donativos ilegales, evitando así que el fraude superara los 120.000 euros que constituyen delito fiscal. Las acusaciones han presentado un contra-informe judicial que califica de "absurda" y "sorprendente" la conclusión de Hacienda de que "realizar una actividad ilícita, prohibida por el ordenamiento, puede dar lugar al disfrute de un beneficio fiscal”.
- El control de los peritos que asisten al juez: Los casos de corrupción que han llegado a los tribunales requieren de asistencia pericial por parte de Hacienda. Los jueces han solicitado a la Agencia Tributaria la designación de inspectores concretos que el fisco ha negado. Así ha ocurrido en el caso de la infanta Cristina, cuando Hacienda negó al juez la asistencia que solicitaba y nombró a dos peritos de confianza del ministerio. Ahora, el nuevo director general ha dado una vuelta de tuerca más al control pericial y –según reveló el diario El Mundo—ha remitido una orden interna con la que se reserva para sí la capacidad de designar a los inspectores que acudan al auxilio judicial.
- Las sospechas de trato preferente a grandes empresas como Cemex ha sido el último detonante. cuyo expediente fue corregido para evitar una sanción de 450 millones de euros. La resistencia de la inspectora que se encargaba de la investigación a corregir ese expediente le costó su cese y con él, se produjo también el de su director. Hacienda intentó silenciar la revuelta interna pero las dimisiones siguieron llegando. Tras ellas, se han sucedido el cese del director general de la Agencia Tributaria, de cargos regionales y se ha puesto en marcha una cadena de ceses que todavía no ha concluido y que suma ya más de 320 destituciones en poco más de año y medio.
A día de hoy, el ministro Cristóbal Montoro sigue sin explicar qué está sucediendo en una institución en cuya confianza descansa buena parte del pago de impuestos de los españoles. Montoro sólo ha dicho que no hay injerencias políticas porque él no las ha protagonizado. Los partidos de la oposición exigen algo más. “¿Qué más tiene que pasar para que el ministro se explique?”, concluye el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura.
