España

Las reuniones secretas del 'procés' cumplen cuatro años en vísperas de la sentencia del Supremo

El denominado cerebro político del 'procés', Josep María Llové, anotó en su agenda Moleskine -incautada por la Policía Judicial el 20 de septiembre de 2017- los encuentros confidenciales para urdir el plan de independencia de Cataluña; doce de los asistentes a aquellas reuniones hoy están acusados de rebelión

  • El exsecretario general de Economía del Gobierno catalán, Josep Maria Jové Lladó (i)

26 de agosto de 2015. Josep María Jové Lladó anota en su agenda varios aspectos de la hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña. El denominado cerebro del procés -y número dos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras- deja constancia de la reunión celebrada ese día. Apunta los temas tratados: "Estructuras de Estado, ley de transitoriedad, transición nacional y proceso constituyente". Varios líderes independentistas forman parte del plan; doce de ellos han terminado acusados de rebelión y se mantienen ahora a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

Según los investigadores, los apuntes de aquella Moleskine son "el reflejo efectivo de los actos de ejecución de la estrategia de desconexión con el Estado por parte de los actores independentistas; estrategia que, por otra parte, había sido previamente diseñada y plasmada en el documento EnfoCATs".

Los agentes de la Guardia Civil han insistido en su dossier que la agenda no fue producto de "elucubraciones fantasiosas de una o unas determinadas personas". Y han hecho hincapié en que "se han producido actuaciones y reuniones, se han adoptado decisiones, se han aprobado normas y se han realizado declaraciones públicas que acreditan que lo que en esos documentos [la Moleskine y el escrito Enfocats] se reflejó". "Fue ejecutado en la realidad", han puntualizado. 

La agenda en cuestión ha sido utilizada por la Fiscalía General del Estado como parte de la documentación para acusar a doce líderes independentistas de un delito de rebelión. Jové, sin embargo, no forma parte de la causa que se juzga en el Supremo. El exconseller de Economía de Carles Puigdemont está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se le acusa de delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia grave por la organización del 1-O.

"La vía unilateral"

De toda la investigación, los agentes han concluido que el objetivo último del plan urdido en aquellas reuniones era "declarar la independencia de Cataluña y constituir un Estado propio en forma de república, aun a costa de recurrir a la vía unilateral".

La Moleskine, incautada por la Policía Judicial en el registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, recoge anotaciones manuscritas realizadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 en las que se reflejaron reuniones de Jové Lladó "con personas vinculadas al proceso independentista". 

El secretario general de la conselleria de Economía, Josep Maria Jové (i), y el secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó (d)

Según los apuntes en la agenda, el 31 de agosto de 2016 se celebró un encuentro en "Canonges". Los investigadores han concluido que se refiere a una reunión en Cases deis Canonges Barcelona a la que acudieron "MHP", siglas para Molt Honorable President [Carles Puigdemont], Jordi Turull, Neus Munté, Santiago Vidal, Raül Romeva, Carles Mundó y Marta Rovira. De la lista de asistentes, cuatro han pasado por el banquillo del Supremo, dos están huidos de la Justicia y una fue citada como testigo de cargo en el procedimiento. 

Los preparativos del 1-O

En aquella reunión, según las anotaciones recogidas por la Guardia Civil, el exconseller Romeva indicó que "el referéndum era lo que había que defender, si bien tendiendo a un referéndum de independencia no unilateral ampliado al entono de los comunes". El exconseller Turull, por su parte, mostró su "preocupación por la desestabilización del Parlament, especialmente si los letrados cesaban, porque ello generaría inseguridad".

La Generalitat presentó oficialmente las urnas que se usarían en el referéndum

Aquel día se plantearon inconvenientes y dudas. Se intentó solucionar la contratación de las empresas encargadas del seguimiento y del recuento. Se debatió sobre el papel de la policía autonómica y de la ciudadanía.

Días después, llegaron a la conclusión de que "la inestabilidad política en España o un gobierno español débil o antiindependentista facilitaría más movilización popular a lo que si se sumaba que en junio o julio se aprobaban las leyes, se podría celebrar el referéndum en septiembre y a partir de entonces tendrían que buscar negociación y solicitar implicación internacional", tal y como han reflejado los agentes en su dosier.

El calendario independentista

En la práctica, han subrayado los investigadores, este calendario "se respetó casi en su totalidad": la aprobación de las leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y la celebración del referéndum el 1 de octubre

Se espera que la sentencia, a cargo de los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se haga pública antes de la primera quincena de octubre

Tras analizar los informes de los investigadores y los tres meses de juicio oral -49 sesiones y 422 testigos incluidos-, los cuatro fiscales del procés presentaron el pasado 29 de mayo sus conclusiones definitivas al tribunal que juzga la causa en el Supremo y, con ellas, sus peticiones de condena para los líderes independentistas. La mayor pena, como ya había adelantado en su escrito de acusación, recayó sobre el exvicepresidente Junqueras, para quien pidió 25 años de prisión por un delito de rebelión.

Varios de los acusados durante la celebración del juicio del 'procés'.

Se espera que la sentencia, a cargo de los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se haga pública antes de la primera quincena de octubre, ya que el 16 de ese mes se cumplirán dos años desde que se acordó la prisión preventiva para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Se trata del plazo máximo ­ordinario para la permanencia en prisión preventiva, por lo que si aún para esa fecha no hay fallo, el Alto Tribunal debería prorrogar la medida a través de un auto razonado.

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