El 24 de junio de este año se produjo la última agresión documentada en una cárcel española. Se trató de un pelea entre dos hermanos que comparten celda, en el centro penitenciario de Badajoz. Uno de ellos aprovechó que usaba muletas para golpear al otro, que tuvo que pedir ayuda por el interfono.
Acudieron a sofocar la gresca dos funcionarios de prisiones, que terminaron siendo también agredidos con la muleta, recibiendo golpes en el costado y en el antebrazo derecho. Ambos precisaron de asistencia y baja médica.
Este es sólo uno de los escenarios que se dan a diario en las cárceles españolas, más de 600 al año. El grupo de trabajadores Tu abandono me puede matar (TAMPM), representante de los trabajadores de prisiones, denuncia que se producen de media dos diarios.
El número de trabajadores en las cárceles asciende a 23.000, pero no todos ellos están en contacto con los presos
Mordiscos, puñetazos, patadas, cabezazos o costillas hundidas son algunas de las agresiones a las que se enfrentan los trabajadores de las cárceles que tienen que bregar con los presos. “Y los insultos y escupitajos no los contamos porque no somos agentes de la autoridad”, explica Manuel Galisteo, coordinador de la organización.
Constituido formalmente en enero de este año, el grupo ha arrasado en las últimas elecciones sindicales del 19 de junio allí donde se pudieron presentar. “Por tiempo no pudimos desarrollar todas las estructuras de organización que nos hubiera gustado”, afirma Galisteo.
Protocolo de defensa
Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, cuantifica en muchas menos las agresiones que sufren los trabajadores dentro de las cárceles. “Tienen una cosa que se llama Protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) que no cuenta como un ataque determinadas situaciones”. En concreto sólo cuantifica aquellas que son provocadas expresamente por un interno. “Si te empujan y te das contra la pared ya no vale”.
El número de trabajadores en las cárceles asciende a 23.000, pero no todos ellos están en contacto con los presos. Muchos se dedican a tareas burocráticas o a estar de cara a los visitantes, familiares que en ocasiones recorren cientos de kilómetros para poder ver a sus parientes. “Con los internos estamos unos 12.000, que si repartimos en turnos de ocho horas, en jornadas de ocho días, tocamos a uno o dos por cada 120 o 130 reclusos”. El número asciende, por razones obvias, en los módulos de aislamiento.
Una de las claves de la creación del colectivo fue la frustada subida de sueldos prometida por Interior
La organización denuncia que no tiene medios para hacer frente a los ataques. “Tenemos un walkie talkie con poco alcance y un boli que tenemos que pagarnos nosotros”. Los centros penitenciarios cuentan con cascos y “gomas” (que al uso hacen de porras) en sus instalaciones, pero no se encuentran en sitios accesibles. “Cuando se produce una trifulca tendríamos que ir a buscarlos fuera del patio y al volver pueden haberse convertido en algo mucho más grande. Muchas veces es mejor exponernos físicamente e intentar ayudar a nuestros compañeros.
El TAMPM surgió como protesta a lo que consideran los sindicatos tradicionales de prisiones, por no verse representados ante la Administración.
Subida de sueldo
Una de las claves de la creación del colectivo fue la frustada subida de sueldos prometida por Interior. En un principio se iban a destinar 123 millones de euros, hasta que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se echó atrás en el último minuto. Eso provocó la salida en masa a las calles de los funcionarios de prisiones.
Otras de las reivindicaciones está en el uniforme: “Nos enfrentamos a situaciones con un polo o con una camisa. Necesitamos trajes con rodilleras y coderas, y que sean más flexible, para enfrentarnos a las agresiones de los internos”, demanda Galisteo.
La vestimenta que llevan no tienen ningún tipo de logotipo a la espalda, por lo que en las grandes reyertas les es complicado identificar a los compañeros. “Tampoco tenemos ningún elemento reflectante. Cuando se producen incendios no sabemos quién es funcionario y quién interno”.
