Baltasar Garzón sigue demostrando su oposición frontal al Partido Popular. El exjuez estrella, apartado de su ejercicio profesional por prevaricación en el caso Gürtel, ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diversas reformas legales acometidas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. En esta ocasión, la fundación internacional que dirige y lleva su nombre ha propiciado que en el seno de la ONU se debata acerca de la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal o las tasas judiciales. Leyes, todas ellas, que a juicio de Garzón suponen un "menoscabo de los derechos humanos en España".
Más en concreto, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) ha elevado sus críticas ante la celebración, en enero y febrero de este año, del Examen Periódico Universal -Universal Periodic Review (UPR)- del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y lo ha hecho en coalición con la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) y Women’s Link Worldwide. Esta última se autodefine en el documento, al que ha accedido Vozpópuli, como "una organización sin ánimo de lucro que trabaja para que la justicia con perspectiva de género sea una realidad en todo el mundo".
La fundación de Garzón se centra en denunciar ante la ONU las "reformas legislativas que suponen un menoscabo a la defensa y promoción de los derechos humanos en España"
La propia fundación de Garzón se define como "una organización sin ánimo de lucro comprometida en la promoción de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad". El documento presentado por las tres organizaciones mencionadas presenta dos partes diferenciadas: una se refiere a "reformas legislativas que suponen un menoscabo a la defensa y promoción de los derechos humanos en España" (asunto en que se centra FIGBAR) y la otra a los "grupos más vulnerables" en España (a la que se dedican los otros dos colectivos firmantes).
Desde 2007...pero solo esta legislatura
El informe de FIGBAR, fechado en 2014 pero discutido estos días en la ONU, hace referencia a las violaciones de derechos humanos en España desde 2007, fecha de la última revisión del mencionado UPR. Curiosamente, la fundación solo cita leyes de esta legislatura. De todas las denuncias presentadas por el colectivo del exjuez destacan tres asuntos que han estado de actualidad en los últimos años al levantar grandes polémicas: las tasas judiciales, la reforma del Código Penal y la ley de seguridad ciudadana.
Sobre las tasas que implantó Gallardón, la fundación dice que "se trata de un obstáculo que dificulta gravemente el acceso a la justicia de los ciudadanos que en tiempos de crisis económica presentan dificultades"
Las tasas judiciales
Acerca de las famosas tasas judiciales que implantó el antiguo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el informe de la fundación de Garzón afirma que "se trata de un obstáculo que dificulta gravemente el acceso a la justicia de los ciudadanos que en tiempos de crisis económica presentan dificultades para asumir los costes de dichas tasas". Y remarca que "ya existían en la legislación española mecanismos disuasorios para evitar el uso indiscriminado, caprichoso y temerario de la asistencia judicial a través del pago de las costas cuando así lo decidiera el juez, así como el desembolso de los depósitos necesarios en su caso".
Reforma del Código Penal
El diagnóstico de la fundación de Garzón y los otros dos colectivos es especialmente duro sobre la reforma del Código Penal que el PP acaba de sacar adelante en solitario. En especial, se ataca a la famosa "prisión permanente revisable". "La introducción de esta medida permite en la práctica la aplicación de la cadena perpetua alejándose del valor consolidado en la Constitución por la que las penas privativas de libertad han de estar orientadas hacia la reinserción social", afirma la asociación dirigida por el exjuez. "La normativa propuesta -agrega el documento- no ofrece la posibilidad de suspensión de la pena en caso de enfermedad y avanzada edad del reo". Y apostilla que "no se establecen las garantías pertinentes que garantizarán la justa revisión de la pena".
El exjuez afirma ante la ONU que la controvertida 'ley mordaza' supone un peligro contra las libertades fundamentales
Ley de seguridad ciudadana
Otro de los aspectos destacados en este documento enviado a la ONU hace referencia a la ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, que ha generado una gran controversia. La fundación de Garzón alerta sobre "los peligros contra las libertades fundamentales que dicha ley supondría de llegar a ser aprobada y que formule una petición al Estado para que reconsidere el contenido del proyecto de ley y su alcance". Una conclusión que aparece en el documento tras enumerar algunos de los aspectos más polémicos de esta ley que, pese a ser suavizada por el Ejecutivo antes de aprobarse, ha generado el rechazo frontal de numerosos colectivos.
En defintiva, la fundación de Baltasar Garzón, apoyada por otros dos colectivos, ha presentado ante este organismo de la ONU una auténtica enmienda a la totalidad de las reformas legislativas del Gobierno en materia de Justicia.
