Ha sido una mala semana, inscrita en unos malos meses, para el ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón. El martes 9 de abril, a las 8:30 de la noche, el teletipo escupía una noticia que venía a poner patas arriba la estrategia finamente labrada desde hace tiempo por el político más ambicioso, también uno de los más inteligentes, que se cobijan bajo las siglas del Partido Popular, desde luego claro aspirante a presidir el Gobierno de la nación por su capacidad, supuesta al menos, para enlazar en un mismo proyecto a la derecha moderada y al centro izquierda, convertido por propia determinación en candidato de consenso para, en una eventual situación de crisis terminal del régimen, presentarse como salvador, Monti salido de entre las filas del propio Parlamento sin necesidad de ir a buscarlo al consejo de administración de un banco de negocios. Una bicoca este audaz, ambicioso, piquito de oro Gallardón.
Pero llegó el teletipo de marras, atardecer en Madrid, anunciando que el PSOE había decidido presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), y todo el edificio de Gallardón se vino abajo. La novedad, de hondo calado político, ha pasado casi desapercibida en los medios –ni se ha tocado en las tertulias de radio- en una semana cargada de oscuros augurios económicos a cuenta de los malos datos macro del primer trimestre del año y de la regañina de Bruselas al Gobierno. El influyente Gallardón se las ha ingeniado, por lo demás, para cubrir la decisión socialista con un velo del silencio. “No creo que me dejen sacar nada”, aseguraba esa noche un buen periodista de El País, “porque Gallardón allí tiene mando en plaza”. En efecto, no le dejaron. Y es que la decisión del PSOE es un torpedo que ha estallado en la línea de flotación estratégica del ministro sedicentemente progre del PP.
El ministro pretendía enviar un mensaje al país según el cual él es el único político del PP con capacidad para llegar a acuerdos con el PSOE
Siguiendo la senda marcada por Rajoy en tantas materias, el titular de Justicia decidió incumplir –cabría mejor decir despreciar olímpicamente- el programa electoral del PP en materia de reforma del órgano de gobierno de los jueces, bajo el argumento, hábilmente vendido al propio presidente, de que él iba a ser capaz de meter al PSOE en el redil de un gran pacto por la Justicia, lo que obviamente obligaba al PP a olvidarse de su bella promesa electoral según la cual los vocales del CGPJ iban a poder ser elegidos por los propios jueces y fiscales, como reclama la gran mayoría del pueblo serrano. Al hilo de ese hipotético consenso con la izquierda, Gallardón pretendía enviar un mensaje subliminal al país según el cual él, yo, mí, me, conmigo soy el único político del PP con capacidad para llegar a grandes acuerdos con el primer partido de la oposición, algo que le está vetado al propio Rajoy, lo cual agiganta mi condición de perfecto –y quizá único- aspirante a la sucesión.
Pero el PSOE –o un sector mayoritario del mismo- no ha querido regalarle esa baza. No ha querido, porque, entre otras cosas, el señor ministro ha llegado a este lance con su prestigio muy disminuido, casi diezmado ante gran parte de la carrera judicial y la izquierda parlamentaria a la que con tanto esmero cultiva. Todo empezó, primavera pasada, con su intento de mantener contra viento y marea a Carlos Dívar -piadoso jurista aficionado a refugiarse los fines de semana en Marbella con cargo al erario público-, al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo. No lo consiguió, con gran cabreo de don Alberto, que pasó nítido el mensaje que suele acompañar los berrinches de los poderosos: “Esto es un declaración de guerra”. El consiguiente “os vais a enterar” se ha ido incrustando como losas de mármol tanto en el debate sobre la renovación del CGPJ –suspendida cuando ya había arrancado legalmente el proceso- como en ese proyecto de Ley de reforma del organismo ahora rechazado por el PSOE.
Afán de revancha de Gallardón contra los jueces
La sospecha que anida en el Consejo es que la guerra que a partir del episodio Dívar estalló entre Gallardón y la práctica totalidad del estamento judicial lleva el marchamo de un mal disimulado afán de revancha alentado por el orgullo herido del ministro. El escrito dirigido a la mesa de la Comisión de Justicia el martes 9, firmado por la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, rechaza en un tono muy duro el proyecto de Gallardón asegurando que “conducirá al órgano de gobierno de los jueces a su muerte, al privarle de parte de sus funciones básicas”. Dicho en román paladino, el proyecto viene a consagrar la definitiva politización del CGPJ, cuyos integrantes serán elegidos en su totalidad por el Parlamento. Un atentado desde el punto de vista de la Constitución del 78, y una vergüenza para lo que de derecha democrática y reformista pueda quedar en el PP.
La sospecha que anida en el Consejo es que Gallardón y la totalidad del estamento judicial lleva el marchamo del afán de revancha por el orgullo herido del ministro
Y ahí tenemos al osado Gallardón en pelota picada. Ha traicionado el programa electoral de su partido en materia de Justicia, porque él iba a ser capaz de llevar al PSOE del ronzal a un acuerdo de máximos, para al final encontrarse abandonado en plena rue del Percebe por sus amigos socialistas, lo que sitúa al PP en la tesitura de tener que aprobar en solitario un proyecto –que este jueves discutirá el Pleno del Congreso- crucial para el funcionamiento de la Justicia, que necesitaría todos los apoyos parlamentarios posibles para poder circular con un horizonte de vida superior a una legislatura.
Malos tiempos para el proyecto político personal del señor ministro. Es difícil saber, con todo, si el disgusto que el martes exhibía Gallardón era superior al endosado casi una semana antes, martes 3 de abril, cuando fue sorprendido por la imputación de Cristina de Borbón en el "caso Nóos". Es sabido que su nombramiento como titular de Justicia se debió a una petición expresa del monarca a Rajoy, petición bajo la que se ocultaba la idea, tal vez la promesa, de que con él en el ministerio sería fácil pastorear a los jueces y evitar que la infanta pasara por el trance de tener que declarar como imputada y quién sabe si de sentarse en el banquillo a cuenta del caso que instruye el juez Castro en los juzgados de Palma. En el CGPJ sostienen que el nombramiento de Gonzalo Moliner, de la “progresista” Jueces para la Democracia pero fiel cumplidor de los deseos del ministro, no tenía otro objeto que complacer al Rey y sacar a la infanta del atolladero.
El juez Castro despistó a quienes le presionaban
También ahí se le ha venido abajo el tinglado, porque Castro ha resultado ser un tipo de juez, bastante común en nuestro país a pesar de las desgracias que nos afligen, dispuesto a ir por libre y a cumplir y hacer cumplir la ley. De ahí el “profundo disgusto” de la Casa Real, es decir, del Rey, cuando se enteró de la imputación de su hija, y ese entusiástico apoyo –error garrafal en términos de estrategia de la institución- mostrado al recurso de la Fiscalía. El enfado del monarca fue mayor porque Castro, harto de presiones, deslizó la especie de que pensaba tomar una decisión sobre el futuro judicial de la infanta el sábado 6 de abril, pero la adelantó al miércoles 3, cogiendo a quienes le incordiaban con el pie cambiado.
Para desgracia suya y nuestra, no solo no ha resuelto los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado mostrando una nula capacidad de gestión
Difícil horizonte, pues, para la carrera política de este brillante Demóstenes que se ha propuesto llegar a Moncloa como quien se dispone a aprobar, y con el número uno de su promoción, las oposiciones a un cuerpo de elite de la Administración del Estado, porque de eso va el empeño vital del gran Gallardón. Para desgracia suya y nuestra, no solo no ha resuelto los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado –escandalosa política de tasas, polémica reforma del Código Penal, indultos, despido de 1.200 jueces de sustitución, etc., etc.-, mostrando una escasa o nula capacidad de gestión. Lo más grave, con todo, es esa negativa a devolver al órgano de Gobierno de los jueces la independencia prometida a quienes votaron PP en noviembre de 2011. Asediado por los cuatro puntos cardinales, enfrentado incluso a las asociaciones conservadoras de jueces, contemplado con recelo por la mayoría de sus conmilitones, son muchos los que, tanto en el CGPJ como en Génova, sospechan -sin pruebas que lo demuestren, cierto-, que la filtración a El País de las fotos en bañador de Núñez Feijóo, presidente de Galicia y principal aspirante, entre la nueva generación de políticos populares, al relevo generacional de Rajoy, tiene su origen en este hombre todo ambición que vio en el gallego el enemigo a batir dentro de las filas del PP.
Para cerrar el círculo, el propio Gallardón se encuentra en una posición judicialmente delicada en el “caso Madrid Arena”, a cuenta de su condición de ex alcalde de Madrid y responsable del tinglado administrativo heredado por Ana Botella. Más peligrosa aún para Don Alberto es la pieza separada y secreta abierta por el juez Castro dentro del “caso Nóos” para investigar la donación por la Fundación Madrid 16 de 120.000 euros al galante yerno del Rey, el famoso apandador que ahora se dispone a seguir veraneando en Qatar, se supone que a cuenta del jeque Hamad bin Jalifa al Thani, previa petición expresa de su suegro, el Rey de España, al emir. Hacia el emirato se dispone a viajar el imputado Urdangarin sin que la Justicia española le retire el pasaporte, primer caso en la historia judicial española que se recuerde de algo parecido. El círculo se cierra con la situación personal de la antaño “fraternal amistad” del ministro, Monserrat Corulla, muy cerca de sentarse en el banquillo para responder del “caso Malaya”, cuya vista oral está a punto de caramelo.
