Por teléfono y sin muchas explicaciones. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido lanzar un órdago a los jueces y fiscales que desde hace semanas amenazan con iniciar movilizaciones, incluida un huelga indefinida, si el Gobierno no se sienta a negociar con ellos la reforma de la Ley Orgániza del Poder Judicial que aborda las sustituciones, permisos y retribuciones de los magistrados. El pasado martes, el número 2 de departamento, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, llamó por teléfono al representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, para comunicarle que ningún representante del Ministerio se iba a volver a reunir conlas asociaciones de la judicatura ya que la decisión del Ejecutivo era mantener el polémico texto tal y como estaba, "salvo algunos pequeños retoques de redacción", según confirmaron a Vozpópuli fuentes judiciales. Román le aseguró a su interlocutor que el proyecto sería registrado en breve en el Congreso para iniciar su trámite parlamentario. De hecho, este jueves será aprobado por el Consejo de Ministros.
Las asociaciones de jueces y fiscales critican también las formas: el Ministerio de Justicia sólo llamó a una para comunicar su decisión
La llamada se producía justo una semana después de que los portavoces de la Comisión Interasociativa, que engloba a las siete asociaciones de jueces y fiscales que existen en España, mantuvieran un encuentro con el propio Gallardón y Román en la sede del Ministerio. De aquella reunión, los representantes de la judicatura salieron esperanzados después de que el ministro "tomase nota de todas nuestras reclamaciones" y se comprometiera "de palabra" a cambiar parte del texto. El encuentro terminó con el compromiso de Justicia de remitir en unos días a las asociaciones un nuevo texto para la reforma que incluiría gran parte de sus peticiones.
Sin embargo, el Ministerio no ha enviado finalmente nada a las asociaciones. En su lugar, la mano derecha de Gallardón llamó por teléfono a una de las asociaciones y le comunicó el cambio de actitud del Gobierno. "Ni siquiera se puso en contacto con las otras seis asociaciones", denunció ayer a este diario el representante de una de ellas que ve en este gesto "un nuevo intento de dividirnos". Las asociaciones reaccionaron horas después con un breve comunicado en el que se limitaron a mostrar su "decepción al considerar que las expectativas creadas por el ministro en la reunión conjunta no se corresponden con el resultado obtenido hasta el momento", sin detallar nada más. En el mismo texto, la Comisión anunciaba una reunión de sus miembros para el próximo 17 de octubre en la que "acordará las medidas que considere oportunas".
Movilizaciones a finales de octubre
Esas "medidas", según reconocen destacados miembros de las asociaciones, no son otras que el calendario de protestas que las asociaciones propondrán a las juntas de jueces y fiscales de toda España para que las apoyen, y que ya llevaron al Ministerio la pasada semana para darlas a conocer si Galladón se negaba a negociar. Entonces, sin embargo, decidieron paralizarlo ante las "buenas palabras" del ministro. Ahora, sin embargo, su puesta en marcha parece tener difícil freno. "Si recibimos el mismo respaldo de los compañeros que tuvo nuestro anterior documento, las movilizaciones podrían comenzar la última semana de octubre", auguran estas fuentes. Éstas se iniciarían con concentraciones, para seguir más tarde con paros parciales y, finalmente, una huelga 'de togas' que puede llegar a ser indefinida.
El desenlace de las negociaciones no ha cogido por sorpresa a los miembros de la Comisión Interasociativa. De hecho, varios de sus miembros ya mostraron a este diario a las pocas horas de terminar la reunión del pasado martes su escasa confianza en que Justicia atendiera sus reclamaciones. Como ya adelantó este diario el pasado lunes, el hecho de que en la rueda posterior a aquel encuentro el número 2 del Ministerio sugierese la existencia de un principio de acuerdo entre las partes en uno de los temas más polémicos de la reforma, la reducción de 18 a 12 los días de permisos retribuidos que hasta ahora disfrutaban los jueces, fue considerado "una jugada sucia".
Sentirse "engañados"
Cuando minutos después tomaban la palabra ante los periodistaslos representantes de las asociaciones, éstas se limitaron a confirmar que el calendario de movilizaciones se retrasaba y utilizaron los adjetivos “constructiva” y “positiva” para referirse a la reunión, lo que dejaba entrever que el acuerdo estaba cerca. Sin embargo, sólo hizo falta unos pocos minutos, los que necesitaron las ediciones digitales de los diarios para recoger los primeros teletipos sobre el encuentro que incluían las palabras de la mano derecha de Gallardón, para que las sonrisas se tornaran en gestos de sorpresa e, incluso, indignación. “Cuando leí lo que el secretario de Estado había dicho a la prensa sobre los permisos retribuidos y daba a entender que habíamos aceptado rebajarlos a doce, me di cuenta de que nos había engañado”, recuerda a este diario uno de los asistentes al encuentro en el Ministerio.
Los representantes de la judicatura creen que Gallardón ha intentado en todo momento ganar tiempo y alejar la amenaza de huelga
Sólo dos días después, el malestar aumentaba al conocerse las interioridades del debate vivido ese jueves en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta del dictamen que este órgano iba a emitir sobre la reforma de la ley. Según reconocieron a Vozpópuli miembros del propio Consejo que participaron en el mismo, “eran evidentes, casi descaradas, las maniobras del ministro para que los vocales afines a él torpedearan el informe”. Finalmente, el critico documento salió adelante, aunque con tres votos discrepantes.
Desde entonces, varios de los integrantes de la Comisión interasociativa estaban convencidos de que la supuesta actitud dialogante de Gallardón en el encuentro con ellos sólo buscaba “ganar tiempo, desactivar la amenaza de huelga y presentarnos ante los ciudadanos como unos privilegiados a los que sólo les interesa salvar sus días de permiso retribuidos”. Los hechos de los últimos días, aseguran, "nos dan la razón". La huelga 'de togas' está ahora más cerca.
