Tras el rapapolvo del juez Santiago Pedraz a la Policía por el caso de los promotores del 25-S, la Audiencia Nacional vuelve a dar un fuerte varapalo legal al Ministerio del Interior. La titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional, Eva Alfageme, ha dictado un auto por el que ordena que sea apartado temporalmente de su puesto el actual jefe Superior de Policía del País Vasco, el comisario Fernando Amo. El motivo es el recurso presentado por el inspector de policía J.A.D. que denunció ante el alto tribunal que en el nombramiento de éste, producido el pasado 13 de enero, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se había saltado dos preceptos legales por no hacer pública una convocatoria previa para ocupar dicho puesto y porque el elegido no tiene una licenciatura universitaria como exige el cargo.
Agentes destinados en el País Vasco denuncian que la suspensión del comisario ha sumido a la Jefatura Superior en "un pequeño caos"
El caso que ha vuelto a enfrentar al alto tribunal con los máximos responsables de Interior -el cargo de jefe superior es un puesto de confianza dentro del organigrama policial, y más en esta comunidad autónoma-, se inició el pasado 14 de marzo, sólo dos meses después del nombramiento del comisario para el puesto. El 14 de marzo, el inspector, que ha estado destinado en el País Vasco, interpuso el recurso, que poco después fue admitido a trámite por la magistrada. El 12 de junio, el agente solicitó a la magistrada, como medida cautelar mientras se resolvía el mismo, "la suspensión provisional de dicho nombramiento". Una petición a la que accedió la juez el pasado 10 de septiembre, aunque no se lo comunicó a la representación legal del comisario hasta el pasado 1 de octubre. El martes, el propio mando policial se reunió con su equipo para comunicarles que "temporalmente" debía abandonar su cargo
En el auto que descabeza este puesto clave en el organigrama de la Dirección General de la Policía, la magistrada señalaba que suspende cautelarmente la validez del nombramiento al considerar que el mismo tenía "apariencia de ilegalidad" y podía causar un "posible daño a la función pública en el supuesto de que pudiera ser que la persona carezca de la titulación exigida". La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en su artículo 19, exige que todos aquellos funcionarios que accedan a un puesto de rango de subdirector, y el de jefe superior de Policía lo tiene, debe estar en posesión del "título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente". Fuentes policiales reconocen que el comisario no cuenta con dicho nivel de estudios.
El recurso del comisario
De hecho, el equipo jurídico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que es quien ha asumido su defensa, presentó ayer un recurso ante la Audiencia Nacional en el que evita entrar en la cuestión de la titulación del comisario apartado, e intenta el archivo en que el inspector que ha recurrido el nombramiento "carece de legitimación activa" ya que no está directamente afectado por el nombramiento porque no puede ocupar dicho puesto. El sindicato, que ha hecho pública una nota, asegura que la suspensión cautelar del mando "afectará gravemente" al funcionamiento de la Policía en el País Vasco.
En este sentido, otras fuentes consultadas denuncian que en los últimos días la Jefatura Superior se ha sumergido en "un pequeño caos" ya que la suspensión del comisario Fernando Amo ha coincidido con la baja por enfermedad de su segundo y la ausencia por vacaciones de al menos otros dos mandos policiales que siguen a ambos en la escalafón de esta comunidad autónoma. "A este paso va a tener que ir un inspector a representar a la Policía en los actos de la patrona de la Guardia Civil", señalaba con ironía un agente de este Jefatura contactado por este diario.
El nombramiento del comisario Fernando Amo ahora puesto en duda por la Audiencia Nacional ya atrajo la atención de los medios de comunicación cuando se produjo. El motivo: sustituía en el cargo a otro comisario que tiene problemas con la Justicia, el comisario Enrique Pamíes, imputado en el llamado Caso Faisán, que investiga un chivatazo a ETA desde el seno de la propia Policía. Cuando estaba en la oposición, el actual director general de la Policía se distinguió por sus ataques continuos al entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, por este caso. Cuando asumió el cargo, una de sus primera decisiones fue, precisamente, cesar a Pamíes y poner a Amo en este puesto.
